El Parlamento de Venezuela aprobó este martes 10 de noviembre, por unanimidad, una reforma parcial de la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico, con el objetivo de facilitar la participación de empresas privadas y extranjeras en el sector. La decisión se produce en medio de una prolongada crisis eléctrica, agravada durante este año por el aumento de la demanda, y coincide con la apertura del sector petrolero a nuevas inversiones.
La nueva legislación establece que la generación de electricidad podrá estar a cargo de la empresa operadora del Estado, así como de compañías mixtas y privadas que cuenten con la habilitación correspondiente. Además, contempla concesiones para empresas privadas por un período máximo de 25 años, bajo las condiciones establecidas en la normativa.
Durante el debate, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, aseguró que la reforma no representa una privatización del sistema eléctrico, sino una apertura para incorporar al sector privado en actividades de generación y autogeneración. También explicó que las empresas podrán suministrar electricidad, especialmente a grandes consumidores, industrias y centros comerciales.
Las concesiones serán otorgadas por el Ministerio de Energía Eléctrica en proyectos que superen los 50 megavatios o que involucren infraestructuras públicas y sistemas de transmisión, distribución y comercialización. Al concluir las autorizaciones, las empresas deberán transferir a la estatal Corpoelec, o a la entidad designada, los bienes incorporados, construidos o adquiridos durante el período de concesión, libres de gravámenes.
La reforma también establece obligaciones para las compañías petroleras, que deberán garantizar el suministro eléctrico de sus operaciones mediante autogeneración, cogeneración o contratación de terceros. Asimismo, contempla multas de hasta el 2% de los ingresos brutos de las empresas por determinadas infracciones y penas de prisión por el hurto de equipos y electricidad. Venezuela enfrenta fallas eléctricas desde hace más de una década, mientras el Gobierno atribuye los problemas a las sanciones, fenómenos climáticos y presuntos sabotajes; la oposición y expertos señalan la corrupción y la falta de mantenimiento como causas.
