La banca dominicana todavía enfrenta desafíos para integrar los riesgos ambientales y climáticos en sus procesos de evaluación crediticia. Aunque el 87 % de las entidades financieras reconoce que estos factores pueden tener un impacto económico significativo, apenas el 11 % los incorpora actualmente al momento de calificar a sus deudores, según datos de la Superintendencia de Bancos (SB).
Las actividades de agricultura y construcción figuran entre las más vulnerables ante fenómenos climáticos, como inundaciones, sequías y huracanes. Ambas fueron identificadas por el 67 % de las instituciones consultadas como sectores expuestos a estos eventos, que pueden provocar daños en sus operaciones, reducir sus ingresos, afectar su capacidad de pago y disminuir el valor de los bienes utilizados como garantía de préstamos.
Los datos están contenidos en el segundo Informe de Encuesta sobre Riesgos Ambientales y Sociales, publicado el 4 de noviembre de 2026 por la Superintendencia de Bancos. El estudio abarcó las 45 instituciones supervisadas, con una cobertura del 100 %. Entre sus resultados señala que el 24 % de las entidades tiene en alguna etapa de implementación el Sistema de Administración de Riesgos Ambientales y Sociales (SARAS), mientras que otro 29 % analiza adoptarlo. Esta herramienta permite identificar y evaluar los posibles impactos ambientales y sociales de las actividades financiadas.
En cuanto a las políticas institucionales, el 29 % de las entidades cuenta con disposiciones formalizadas para gestionar estos riesgos y el 49 % trabaja en su elaboración. En 2024, apenas el 7 % reportaba estar desarrollando formalmente esas políticas. Asimismo, el 36 % dispone de responsables o estructuras organizacionales dedicadas a estos asuntos, mientras que otro 49 % estudia o está en proceso de incorporarlos. La supervisión recae principalmente en los comités de gestión integral de riesgos y los órganos ejecutivos de las instituciones.
El informe también identifica avances en el financiamiento verde. El 20 % de las entidades dispone de instrumentos financieros destinados a actividades ambientales y sociales. Las líneas de crédito para eficiencia energética y energías renovables están presentes en el 18 % de las instituciones; la agricultura sostenible, en el 11 %, y el transporte sostenible, la construcción sostenible y la manufactura eficiente, en un 9 % cada una. Además, el 36 % identifica estos préstamos en sus sistemas bancarios. Sin embargo, solo el 11 % tiene objetivos ambientales o climáticos formalmente aprobados, mientras que el 58 % estudia establecerlos.
