En consonancia con el principio de transparencia y rendición de cuentas que caracteriza a la actual gestión, la Dirección Ejecutiva del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE) informó este martes que fue esta institución la que solicitó la intervención de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) y del Consejo Nacional de Defensa de la Competencia (Pro-Competencia) en el proceso de contratación de la utilería escolar.
A través de una nota de prensa, el INABIE enfatizó que, durante la licitación, que ha motivado dos reportajes en el Informe con Alicia Ortega, identificó indicios de posibles actos anticompetitivos, así como la presentación de documentos alterados o falsos por parte de algunas empresas participantes.
En ese sentido, en el mes de febrero, la institución remitió un informe a Pro-Competencia para que investigue a nueve empresas ante la sospecha de prácticas que podrían afectar la libre competencia en perjuicio de otros oferentes.
Asimismo, en ese mismo mes, solicitó a la DGCP la inhabilitación definitiva del Registro de Proveedor del Estado (RPE) de cinco compañías, por detectarse falsedad y adulteración de documentos, hallazgos que fueron posibles gracias a los procesos de debida diligencia llevados a cabo por el INABIE.
Suspende peritos y reitera solicitud a órganos rectores
En abril, tras la publicación de un reportaje de investigación, la Dirección Ejecutiva reiteró su solicitud de investigación a la DGCP y a Pro-Competencia, abarcando el proceso de contratación de todas las empresas participantes. Como medida adicional, suspendió la firma y certificación de contratos con las compañías señaladas y ordenó la suspensión de todos los servidores públicos que participaron en dicha licitación.
El INABIE reitera su disposición a colaborar plenamente con todos los organismos de investigación, con el firme objetivo de garantizar la legalidad y transparencia en todos y cada uno de sus procesos, así como su compromiso de acatar las decisiones de las instituciones rectoras.
