La Escuela Nacional de la Judicatura dio la bienvenida a 83 abogados, entre ellos 56 mujeres y 27 hombres, quienes comenzarán su capacitación para convertirse en defensores públicos. Estos profesionales fueron escogidos tras un exigente concurso que contó con la participación de 364 aspirantes.
La ceremonia contó con la presencia del presidente de la Suprema Corte de Justicia, Henry Molina; el director de la Oficina Nacional de Defensa Pública (ONDP), Rodolfo Valentín Santos; y el director de la Escuela Nacional de la Judicatura, Ángel Brito Pujols.
Durante su discurso, Valentín Santos destacó la importancia de esta labor:
“Asumen un rol que demanda compromiso, sensibilidad y solidez jurídica. La defensa pública es la garantía real para que quienes más lo necesitan tengan acceso a la justicia”.
El proceso de selección, realizado entre diciembre de 2024 y febrero de 2025, incluyó pruebas psicométricas, entrevistas por competencias, y exámenes escritos y orales. Solo 83 candidatos, con edades entre 23 y 50 años, lograron superar todas las etapas.
Este concurso fue impulsado por la ONDP con el respaldo del presidente Luis Rodolfo Abinader, quien ha promovido la ampliación del equipo de defensores públicos en todo el país para fortalecer el acceso a la justicia.
Los nuevos defensores recibirán formación integral en la Escuela Nacional de la Judicatura, donde se prepararán en aspectos académicos, éticos y técnicos para proteger los derechos de las personas más vulnerables dentro del sistema penal.
Los seleccionados provienen de distintas universidades dominicanas, y el proceso fue supervisado por seis comisiones integradas por expertos universitarios, defensores públicos y coordinadores de la ONDP, asegurando transparencia y rigurosidad en la elección.
Este fortalecimiento del cuerpo de defensores públicos responde a una necesidad creciente en la República Dominicana, donde el acceso a una defensa adecuada es fundamental para garantizar un sistema judicial equitativo.
Según datos recientes del Ministerio de Justicia, el déficit de defensores públicos ha sido un obstáculo para la protección efectiva de los derechos en casos penales, especialmente para comunidades vulnerables y de bajos recursos. La incorporación de estos nuevos profesionales representa un paso clave para reducir esa brecha y mejorar la calidad del servicio público en materia judicial.
