La magistrada Fátima Veloz expresó que el Código Penal dominicano, vigente desde hace más de 140 años, restringe significativamente la capacidad de acción de los tribunales, por lo que reiteró la necesidad de una reforma legislativa integral que modernice el sistema penal y lo adecúe a los estándares internacionales.
Durante la audiencia del caso que involucra a los hermanos Espaillat, la magistrada valoró que los imputados presentaban arraigo demostrado, residencia fija, actividad económica formal, vínculos familiares estables y disposición de someterse al proceso judicial. En este sentido, afirmó que su decisión se ha tomado en estricto cumplimiento de la legislación vigente.
La magistrada se ve en la obligación de valorar los hechos conforme al marco normativo vigente, reconociendo sus limitaciones, pero sin poder suplir una reforma legislativa estructural mediante una interpretación judicial.
En sus motivaciones, también destacó que el Ministerio Público no aportó indicios concretos sobre la forma en que los imputados podrían intentar fugarse, lo cual debilita la solicitud de medidas más severas.
El caso ha sido clasificado como homicidio involuntario, y la magistrada ha concedido al Ministerio Público un plazo de ocho meses para presentar una acusación formal. El proceso ha sido supervisado por el Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional.
Por otro lado, se ha observado un incremento en el número de acciones legales emprendidas contra los hermanos Espaillat, pasando de 108 a 123. La defensa a
