Familiares de Maireny Mateo, de 28 años, expresaron su enojo y frustración tras la decisión judicial tomada este jueves por la jueza Fátima Veloz. La magistrada impuso una garantía económica de un millón de pesos como medida cautelar a Rosa María Apolinar, de 26 años, acusada de causar la muerte de Mateo durante una pelea ocurrida el 7 de julio en el sector San Miguel, ubicado en el kilómetro 8 ½ de la carretera Sánchez.
Al salir de la audiencia, los parientes de la víctima gritaron consignas de rechazo, calificando a Apolinar de “asesina” y lamentando que pudiera quedar en libertad debido a que la jueza consideró su estado de embarazo para dictar una medida menos restrictiva.
Este caso ha abierto un debate sobre la aplicación de medidas cautelares en situaciones donde la persona acusada está embarazada. En muchos países, el sistema judicial busca equilibrar la protección de los derechos de la mujer gestante con la necesidad de garantizar justicia para las víctimas y sus familias. Sin embargo, esta decisión ha generado cuestionamientos sobre si la medida impuesta es adecuada para garantizar la presencia de la imputada durante el proceso y la seguridad de la comunidad.
Organizaciones de derechos humanos han señalado que, aunque el embarazo debe ser un factor considerado, no debe impedir que se tomen medidas firmes cuando existen indicios suficientes de un delito grave. Por su parte, expertos legales sugieren que en estos casos se pueden aplicar alternativas que aseguren el cumplimiento del proceso sin poner en riesgo los derechos de ninguna de las partes.
Este episodio refleja la complejidad que enfrentan los tribunales al manejar casos sensibles, donde la justicia debe ser equilibrada y respetuosa con todas las personas involucradas.
