Las centrales sindicales de la República Dominicana han acudido al Congreso Nacional con el propósito de defender el derecho al desempleo, en medio de las presiones ejercidas por el sector empresarial, que busca modificarlo o eliminarlo de la propuesta de reforma laboral. Este debate tiene lugar mientras el Senado procede a la revisión del nuevo Código de Trabajo, cuyo objetivo es la actualización de la legislación, que lleva vigente 33 años.
Los representantes sindicales mantuvieron una reunión con el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, y la comisión especial encargada de la reforma laboral, que será presentada hoy en la Cámara Alta. Han transmitido su seria inquietud respecto a los intentos de modificar la cesantía y han exigido que este derecho se mantenga incólume, considerándolo esencial e inalienable. Asimismo, se propuso la implementación de prestaciones complementarias para los empleados.
El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, ha asegurado que la cuestión de la cesantía «no está sujeta a discusión y no será objeto de modificaciones», reafirmando así el compromiso con un código laboral consensuado. Sin embargo, las presiones ejercidas por ambas partes están obligando al Senado a considerar posibles enmiendas al texto, lo que podría retrasar su aprobación, prevista para hoy jueves.
Líderes sindicales, como Jacobo Ramos de la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos (CNTD), han expresado sorpresa ante el rechazo empresarial de puntos que, según ellos, fueron consensuados previamente. Afirman que esta postura socava casi 30 años de diálogo social y paz laboral en el país. Los senadores, por su parte, niegan haber irrespetado el acuerdo tripartito.
El sector empresarial argumenta que el borrador actual del Código Laboral, aprobado en primera lectura en el Senado, contiene elementos no consensuados.
Cuestionan el aumento de sanciones, nuevas infracciones, el pago de prestaciones al momento de la jubilación, la eliminación de beneficios para zonas francas y la exclusión de acuerdos previos sobre conciliación temprana y horas extras.
El empresariado advierte que estas medidas podrían desincentivar la inversión y afectar a las pequeñas y medianas empresas.
