Una pareja gay en Pensilvania logró obtener la custodia de un recién nacido, tras financiar colectivamente su gestación subrogada. Lo sorprendente es que uno de los padres, Brandon Keith Riley Mitchell, es un convicto por delitos sexuales contra menores. Este caso aprovecha una laguna legal en la legislación estatal sobre gestación subrogada, que permite eludir las restricciones existentes para individuos con antecedentes penales relacionados con adopciones.
En Pensilvania, las leyes de adopción prohíben que personas con ciertos antecedentes criminales, especialmente relacionados con delitos infantiles, obtengan la custodia de menores. Sin embargo, la gestación subrogada no está regulada con el mismo rigor, lo que ha generado esta controversia legal y social.
Expertos en derecho familiar advierten que esta discrepancia podría abrir la puerta a casos similares, poniendo en debate la necesidad de ajustes legales para proteger mejor los derechos y la seguridad de los niños involucrados.
