La Comisión Ambiental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) ha emitido un comunicado público en el que expresa su más firme rechazo a la propuesta del senador Julito Fulcar de «delimitar» los linderos del Monumento Natural Dunas de las Calderas, con el propósito de permitir que las familias asentadas en el área protegida mantengan su ocupación actual.
Según la Comisión, la iniciativa del legislador es “técnica y jurídicamente improcedente y ambientalmente lesiva”, ya que abriría la puerta a la reducción de un área protegida y a la legalización retroactiva de ocupaciones ilegales, lo que constituiría un precedente devastador para el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP).
El organismo enfatiza que el marco legal existente, compuesto por la Ley 64‑00 y la Ley 202‑04, establece límites claros, categoría de manejo como Monumento Natural y reglas de uso que deben ser respetadas. “No faltan normas: falta cumplimiento”, aseguró la Comisión, haciendo referencia a la necesidad de una vigilancia efectiva sobre las áreas protegidas.
La UASD advierte que el principio constitucional de irreductibilidad impide que las áreas del SINAP sean reducidas o mutiladas, y que cualquier intento de “redelimitar” para excluir ocupaciones premia la ilegalidad. Además, señala que cambiar los límites o la categoría del área no resuelve los problemas de gestión, vigilancia y sanción que persisten en la zona.
Entre los argumentos de rechazo, la Comisión resalta la importancia del Monumento Natural Dunas de las Calderas como barrera natural frente a tormentas y erosión, hábitat crítico para especies únicas y zona clave de recarga hídrica. “La arena terrígena es finita a escala humana”, advierte la declaración, subrayando la fragilidad del ecosistema.
La declaración también denuncia la situación actual de la zona, incluyendo la extracción ilícita de arena, la expansión urbana sin control, la tala y quema de vegetación, y el turismo no regulado con vehículos 4×4, que han causado impactos geomorfológicos y ecológicos graves. La Comisión asegura que muchas de estas acciones cuentan con complicidad o inacción de las autoridades.
Como medidas concretas, la UASD exige el retiro y archivo de cualquier iniciativa que altere los linderos o la categoría del área, la ejecución inmediata del Plan de Manejo del Monumento Natural, patrullaje permanente y vigilancia interinstitucional, así como la relocalización ordenada de ocupaciones conforme a la ley. También plantea infraestructura de bajo impacto y programas de restauración ecológica.
La Comisión hace un llamado a la sociedad dominicana a mantener una alerta cívica permanente para defender las Dunas de Baní, incluyendo la participación de gremios, cooperativas, asociaciones comunitarias, medios de comunicación y la diáspora. “Las Dunas de las Calderas no se negocian. Son patrimonio natural, científico, cultural y de seguridad climática para la República Dominicana”, concluye el comunicado.
