El expediente, que consta de 341 páginas, revela acciones delictivas por parte de los 11 agentes policiales imputados por el asesinato de cinco hombres en el sector de La Barranquita. Además, se evidencia que dichos agentes obstaculizaron y obstruyeron la investigación, sustrayendo pruebas relevantes.
Tras la decisión de la jueza Yeritza Cabral, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial de Santiago, de posponer la audiencia para la imposición de medidas cautelares hasta el jueves 9 de octubre, Wilson Camacho, procurador adjunto y director de Persecución del Ministerio Público, ha calificado la situación como una ejecución extrajudicial por parte de los agentes de policía. Esta calificación se basa en el hecho de que las víctimas no realizaron ningún disparo.
Como explicó Camacho, el aplazamiento se produjo a solicitud de las defensas de los imputados, quienes solicitaron tiempo adicional para analizar el extenso expediente probatorio y compartir las pruebas con sus representados.
El Ministerio Público solicitó al tribunal la imposición de 18 meses de prisión preventiva y la declaratoria de caso complejo, al sostener que los acusados cometieron los delitos de asociación de malhechores y homicidio voluntario, previstos en los artículos 265, 266, 295 y 304 del Código Penal.
Maniobras de los agentes
Los fiscales aseguran que tras cometer el hecho, los agentes realizaron múltiples maniobras para obstaculizar la investigación, incluida la sustracción de DVR de cámaras de seguridad de los negocios de la plaza y de teléfonos móviles de personas que grabaron el tiroteo, entre otros elementos.
También establece que Edward Bernardo Peña Rodríguez, Carlos Enrique Guzmán Navarro (el Charly o Charli Chasc), el barbero José Vladimir Valerio Estévez, Elvis Antonio Martínez Rodríguez y Julio Alberto Gómez, fueron ejecutados por los policías, sin que se diera ningún intercambio de disparo.
Indica que ante la gravedad de los hechos, la pluralidad delitos cometidos, la cantidad de víctimas, la posible pena a imponer en un juicio de fondo, que es posible llegue hasta 20 años, hace necesario que el presente caso se declare complejo y que el órgano acusador cuente con el tiempo suficiente para recabar las pruebas idóneas que puedan destruir la presunción de inocencia en contra de los imputados. Junto a Wilson Manuel Camacho, procurador adjunto, estuvieron Quirsa Abreu Pena, Geraldo Andrés Ponce y Miguel Antonio Ramos.
Policías destruyeron las evidencias de la escena
En la pesquisa asumida, para determinar que los agentes actuantes intentaron encubrir pruebas en su contra, establece que en el caso de una testigo que se dispuso a grabar con su celular y varios de los imputados subieron al tercer nivel donde la misma se encontraba y les quitaron su celular, observaron lo que había grabado y le llevaron el teléfono.
Tras cometer los hechos los imputados José Ignacio Gómez Rodríguez, Domingo De Los Santos Vargas, Yohandy Encarnación, Geyser Francisco, Adrián Miguel Villalona Pineda, Alvaro Paredes Panlagua y los imputados Hansel Michel Cuevas Carrasco, Sócrates Fidel Féliz Féliz, Hairo Mateo Morillo, César Augusto Martínez Trinidad, José Octavio Jiménez Peña sustrajeron los DVR de los negocios del lugar de los hechos, así como varios teléfonos pertenecientes a distintas personas presentes en el lugar, con el interés de destruir evidencias del proceso y obstruir la investigación.
