La Asociación Dominicana de Rectores de Universidades (ADRU) se pronunció sobre el Proyecto de Ley Orgánica que dispone la fusión del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt) con el Ministerio de Educación (Minerd), afirmando que esta reforma debe concebirse como una «reconfiguración integral del Sistema Nacional de Educación».
Asimismo, afirmó que esta reconfiguración debe estar orientada al desarrollo basado en el conocimiento, la innovación y la transferencia tecnológica.
Esta declaración está contenida en un comunicado, en el que también ADRU reconoció la potestad del Estado dominicano de reorganizar su estructura administrativa.
No obstante, afirmó que estos procesos deben diseñarse adecuadamente, a fin de preservar los logros alcanzados, fortalecer la institucionalidad y asegurar el cumplimiento efectivo de las atribuciones misionales de las instancias a reestructurar de manera que se constituya en una transformación institucional profunda del sistema educativo y científico nacional.
Por esto, propuso trabajar para una Ley General de Educación y Ciencia que articule «coherentemente todos los niveles educativos con la producción científica y las demandas estratégicas del desarrollo nacional».
Asimismo, ADRU sostuvo que la educación superior no puede ser tratada únicamente como un nivel más del sistema educativo, sino como un subsistema estratégico con funciones claramente definidas: la formación profesional de calidad, la investigación científica y la vinculación y extensión universitaria.
«La ausencia de una arquitectura institucional robusta para la ciencia, la tecnología y la innovación, así como la postergación de una legislación específica en esta materia, representa un riesgo para la competitividad y el desarrollo del país», leía parte del comunicado.
Asimismo, la Asociación identificó como aspectos esenciales a revisar: el reconocimiento de las funciones sustantivas de la universidad, la autonomía universitaria, reconocida por la Constitución de la República, es un principio rector del sistema de educación superior.
«Si bien el proyecto de ley la enuncia, introduce formulaciones que generan ambigüedad jurídica y podrían afectar el ejercicio pleno de las funciones universitarias», resaltó ADRU.
La ADRU sostiene que esta autonomía debe estar claramente protegida y armonizada con mecanismos de rendición de cuentas y aseguramiento de la calidad.
También afirmó que la supresión del Consejo Nacional de Educación y del CONESCyT, y su sustitución por un órgano consultivo, «debilita» la gobernanza democrática del sistema educativo y concentra las decisiones en una sola instancia.
Igualmente reiteró la necesidad de separar claramente las funciones de regulación, evaluación y acreditación, y propone la creación de una agencia autónoma de acreditación para la educación superior, conforme a estándares internacionales.
La ADRU calificó de «indispensable» el fortalecimiento y la articulación entre los distintos niveles y modalidades del sistema educativo, reconociendo la educación técnico-profesional y promoviendo trayectorias formativas flexibles, continuas y reconocidas, en consonancia con el Marco Nacional de Cualificaciones.
«La ADRU hace un llamado al Congreso Nacional y al Poder Ejecutivo a abrir un espacio amplio de diálogo y concertación, que permita que la reforma del sistema educativo dominicano se convierta en una verdadera política de Estado orientada al desarrollo basado en el conocimiento, la innovación y la sostenibilidad», indicó.
