Venezuela anunció el inicio formal de un proceso integral y ordenado para reestructurar su deuda pública externa y la de Petróleos de Venezuela, en un intento por reconectarse con el sistema financiero internacional luego de años de incumplimientos y restricciones económicas.
Desde 2017, el país comenzó a incumplir los pagos de bonos emitidos por PDVSA, mientras que las sanciones impuestas por Estados Unidos desde 2018 agravaron aún más la capacidad de pago del Estado venezolano. Estas limitaciones afectaron el acceso a financiamiento y dificultaron cualquier proceso de renegociación con acreedores internacionales.
Tras la salida de Nicolás Maduro en enero, Delcy Rodríguez asumió la presidencia interina y ha impulsado reformas en los sectores petrolero y minero para atraer inversión privada. Paralelamente, Washington flexibilizó algunas sanciones mediante licencias que permiten ciertos negocios y trámites legales vinculados a una futura reestructuración.
Aunque el comunicado oficial no ofreció detalles específicos, el Gobierno aseguró que Venezuela cumplirá sus compromisos “de manera sostenible”. El Departamento del Tesoro estadounidense autorizó recientemente algunos servicios relacionados con una posible renegociación, aunque todavía mantiene restricciones para transacciones con bonos de deuda.
El último dato oficial del Banco Central de Venezuela sobre deuda externa fue publicado en 2018 y ascendía a casi US$90,000 millones. Sin embargo, estimaciones privadas la sitúan cerca de US$150,000 millones. Expertos advierten que aún existen obstáculos como sanciones vigentes y falta de transparencia, aunque consideran que este anuncio puede abrir la puerta a una renegociación más ordenada. Venezuela también retomó en abril su relación con el Fondo Monetario Internacional.
