Santo Domingo.-La decisión judicial que envió a juicio de fondo la Operación Camaleón no solo marca un avance significativo en uno de los expedientes de presunta corrupción más relevantes de los últimos años, sino que además pone a prueba por primera vez la aplicación de la reforma al Código Procesal Penal.
Según el Ministerio Público, este proceso se convierte en la primera acusación que supera la fase preliminar bajo las nuevas reformas legales, lo que permitió que el expediente fuera enviado a juicio apenas seis meses después de que se presentara formalmente la acusación.
La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) depositó el expediente en octubre de 2025 y, este jueves, el tribunal dictó auto de apertura a juicio. Para las autoridades, el tiempo transcurrido refleja los resultados de las modificaciones procesales implementadas con el objetivo de agilizar los procesos judiciales y reducir la mora en los tribunales.
El caso, declarado complejo, se centra en una supuesta estructura de corrupción que habría operado mediante contratos relacionados con el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) y el Ministerio de Defensa. La acusación contempla cargos por corrupción administrativa, fraude en contrataciones públicas, estafa en perjuicio del Estado, sabotaje, contrabando, falsificación, delitos tecnológicos y lavado de activos.
Durante el conocimiento de la audiencia preliminar, el tribunal descartó la acusación de terrorismo al entender que no se reunían los elementos necesarios para sustentar ese ilícito. No obstante, validó la acusación por sabotaje y mantuvo los demás cargos formulados por el órgano persecutor.
Para el Ministerio Público, la exclusión del cargo de terrorismo no altera el núcleo de la investigación, ya que los hechos atribuidos a los imputados y las evidencias recabadas continúan formando parte del proceso que será ventilado en juicio.
Los fiscales también subrayaron que la permanencia de la acusación por lavado de activos mantiene vigente la posibilidad de imponer condenas de hasta 20 años de prisión en caso de que se determine la responsabilidad penal de los acusados.
La investigación identifica a José Ángel Gómez Canaán como el presunto cabecilla de la estructura, señalándolo de utilizar las empresas Transcore Latam, Dekolor, PagoRD Xchange y Aurix para ejecutar operaciones fraudulentas contra el Estado y presuntas maniobras de lavado de activos.
