El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, y la directora de Ética e Integridad Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch, defendieron la Ley 74-25 que instituye el nuevo Código Penal dominicano, ante las críticas de diversos sectores que consideran que algunas de sus disposiciones podrían entrar en conflicto con la Constitución.
Los tres funcionarios coincidieron en que la nueva legislación representa un avance significativo respecto al Código Penal vigente, al incorporar delitos y realidades que no estaban contemplados en la normativa anterior. Asimismo, consideraron que el país necesitaba una herramienta jurídica más moderna y adaptada a los desafíos actuales.
Ricardo de los Santos afirmó que el Congreso trabajó en la elaboración de un Código Penal acorde con las necesidades de la sociedad dominicana contemporánea. Destacó que la nueva legislación incorpora temas relacionados con avances tecnológicos, ciberdelitos y ciberseguridad, aspectos ausentes en el marco legal actual. No obstante, reconoció que cualquier ciudadano tiene derecho a recurrir a la justicia si entiende que alguna disposición vulnera derechos constitucionales.
Por su parte, Alfredo Pacheco manifestó que toda ley puede ser objeto de revisión futura si existen consensos suficientes para ello. En relación con los cuestionamientos sobre la difamación, señaló que debe existir un equilibrio entre la libertad de expresión y el derecho al buen nombre. Además, sostuvo que la despenalización de este tipo de conductas no sería conveniente debido a la existencia de prácticas de chantaje que afectan a distintos sectores de la sociedad.
Milagros Ortiz Bosch expresó que la República Dominicana requería un Código Penal moderno capaz de responder a los cambios sociales y tecnológicos del presente y del futuro. Mientras tanto, continúan los debates sobre diversos artículos de la Ley 74-25, incluyendo los relacionados con el ultraje, la discriminación, la actividad sexual no consentida, el cúmulo de penas, la penalización del aborto y disposiciones que algunos sectores consideran que podrían generar inseguridad jurídica para profesionales de la salud.
