La propuesta del Defensor del Pueblo de crear una mesa técnica para establecer responsabilidades por los daños materiales ocasionados en accidentes de tránsito ha generado posiciones divididas entre dirigentes del transporte y especialistas en movilidad. La iniciativa surge como respuesta al editorial de Listín Diario titulado “La pandemia vial que nos azota”, que expuso las pérdidas millonarias que provocan los siniestros en el mobiliario urbano y en las redes de distribución eléctrica del país.
La Confederación Nacional de Organizaciones del Transporte (Conatra) valoró positivamente la propuesta, aunque consideró que debe contar con una mayor claridad legal. Su vicepresidente, Tony Marte, planteó que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) debe formar parte obligatoria de la mesa técnica para evaluar también los casos en que los accidentes sean consecuencia del deterioro de las carreteras o de la falta de señalización.
Marte sostuvo que antes de determinar quién debe asumir el costo de los daños es necesario investigar las causas de cada accidente. En ese sentido, afirmó que la evaluación debe incluir tanto la responsabilidad de los conductores como la del Estado cuando existan deficiencias en la infraestructura vial que contribuyan a los siniestros.
Por su parte, Mario Holguín, presidente de la Fundación Red de la Dignidad (FundaReD), consideró indispensable desarrollar una campaña nacional de orientación para explicar el alcance de la propuesta. Además, llamó al Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) a liderar el proceso conforme a la Ley 63-17 e integrar esta iniciativa al Pacto Nacional por la Seguridad Vial, con el fin de evaluar el costo real de los daños al Estado y establecer mecanismos efectivos de seguimiento.
Desde otra perspectiva, Williams Pérez Figuereo, presidente de la Central Nacional de Transportistas Unificados (CNTU), afirmó que la propuesta fortalece el planteamiento de crear un frente nacional del transporte que impulse una política de Estado en materia de seguridad vial. A su juicio, la iniciativa contribuiría a mejorar la movilidad y fomentar una mayor responsabilidad ciudadana en las vías públicas.
