La Cámara de Cuentas concluyó que el Gobierno presentó deficiencias en la planificación de la inversión pública durante 2025, al identificar que 379 proyectos incluidos en el Presupuesto General del Estado no fueron ejecutados, pese a contar con asignaciones presupuestarias. Al mismo tiempo, el informe señala que 247 proyectos no contemplados originalmente fueron incorporados mediante modificaciones al presupuesto y recibieron financiamiento.
De acuerdo con la auditoría, los 379 proyectos sin ejecutar tenían una asignación inicial de RD$2,935.1 millones, monto que posteriormente fue reducido a RD$578.2 millones, aunque ninguno registró ejecución. Entre las obras pendientes figuran sistemas de riego en Azua, Dajabón y Puerto Plata, además de proyectos en Santiago Rodríguez y del Ministerio de la Vivienda y Edificaciones (Mived).
El informe indica que los 247 proyectos incorporados durante el año recibieron RD$11,646 millones. Entre ellos se encuentran el paso a desnivel de la prolongación de la avenida 27 de Febrero con Isabel Aguiar, la extensión de la avenida Jacobo Majluta hasta la avenida República de Colombia y obras de infraestructura vial para el desarrollo turístico de Cabo Rojo, en Pedernales. Aunque la Dirección General de Presupuesto explicó que estas incorporaciones fueron autorizadas mediante la Ley 86-25, la Cámara sostuvo que el elevado número de modificaciones refleja fallas en la planificación inicial.
La auditoría también identificó otras debilidades en las finanzas públicas. Señaló que la deuda del Sector Público no Financiero aumentó de 47.37 % del PIB en 2024 a 48.59 % en 2025, alejándose de la meta establecida en la Ley de Responsabilidad Fiscal. Asimismo, detectó diferencias entre el Plan Nacional Plurianual de Inversión Pública y el Sistema de Gestión Financiera, préstamos municipales sin autorización del Ministerio de Hacienda y discrepancias en la información sobre fideicomisos públicos.
Además, la Cámara de Cuentas reportó diferencias por RD$979,837 millones entre los activos registrados por las instituciones públicas y los consolidados por la Dirección General de Contabilidad Gubernamental (Digecog), atribuyendo esta situación a la falta de inventarios completos de bienes estatales. El informe también observó fallas en la estimación de ingresos de algunas instituciones y deficiencias en la transparencia de la mayoría de los gobiernos locales.
