El Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional ordenó a la Procuraduría General de la República pagar RD$7,560,000 al empresario Juan Francisco Álvarez Carbuccia, exfuncionario del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), como sanción por el retraso en la devolución de bienes que le fueron incautados durante el proceso judicial por presunta corrupción administrativa.
La decisión responde a una solicitud de liquidación de astreinte presentada por la defensa del imputado, luego de que las autoridades no devolvieran oportunamente un teléfono celular Samsung que permanecía bajo custodia del Ministerio Público. La resolución, identificada con el número 058-2026-SOTR-00044 y emitida por la magistrada Patricia Padilla, también ordena notificar al Ministerio de Hacienda para ejecutar el pago correspondiente.
El origen del caso se remonta a junio de 2025, cuando el mismo tribunal dispuso la devolución inmediata de varios bienes retenidos a Álvarez Carbuccia, entre ellos una camioneta Chevrolet Tahoe 2017, equipos informáticos, relojes de lujo y teléfonos celulares. En esa ocasión se fijó una astreinte de RD$20,000 diarios por cada día de incumplimiento de la orden judicial.
Aunque la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) devolvió de forma gradual el vehículo, relojes y otros dispositivos entre diciembre de 2025 y los primeros meses de 2026, la defensa demostró que el teléfono Samsung seguía sin ser entregado. La PEPCA argumentó que la demora obedeció a peritajes realizados por el INACIF y al traslado de evidencias durante la evacuación de un edificio del Poder Judicial, situación que habría provocado el extravío temporal del equipo.
Tras evaluar las pruebas, el tribunal determinó que el retraso se extendió desde el 18 de junio de 2025 hasta el 30 de junio de 2026, para un total de 378 días de incumplimiento, lo que generó la sanción de RD$7.56 millones. Juan Francisco Álvarez Carbuccia fue enviado a juicio de fondo el pasado 5 de junio junto al exdirector del Intrant, Hugo Beras, y al empresario Jochi Gómez, dentro del expediente por presunta corrupción administrativa.
