El juicio de fondo contra los empresarios Antonio y Maribel Espaillat, propietarios de la discoteca Jet Set, fue fijado para el 28 de agosto por el juez Franny González, de la Cuarta Sala Penal del Distrito Nacional. Ambos enfrentan cargos por su presunta responsabilidad en el colapso del techo del establecimiento, ocurrido el 8 de abril de 2025, una tragedia que dejó 236 personas fallecidas y más de 180 heridas. El magistrado ordenó notificar la decisión al Ministerio Público, la defensa de los imputados, los querellantes y las víctimas.
El caso llegó a la Cuarta Sala Penal luego de que la jueza Clara Luz Almonte, de la Segunda Sala Penal del Distrito Nacional, se inhibiera de conocer el proceso al alegar una relación de amistad con una de las víctimas del siniestro. Con esta decisión, el tribunal quedó habilitado para continuar con la fase de juicio de fondo.
Previamente, el juez Raymundo Mejía, del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, había ordenado la apertura del juicio tras concluir la etapa preliminar. En su decisión, calificó los hechos como homicidio culposo o imprudente, rechazando la solicitud de un grupo de víctimas que buscaba que el caso fuera conocido bajo la figura de homicidio voluntario. Asimismo, excluyó del proceso penal al Ayuntamiento del Distrito Nacional (ADN), al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y a otras instituciones estatales.
En cuanto a la situación de los hermanos Espaillat, el tribunal mantuvo las medidas de coerción distintas a la prisión preventiva. El juez consideró que ambos han mostrado arraigo y disposición de comparecer voluntariamente ante la justicia, por lo que entendió que la privación de libertad no era necesaria. No obstante, en el ámbito civil ordenó la inmovilización de bienes y otras medidas conservatorias para garantizar una eventual indemnización a las víctimas y sus familiares.
Durante la fase preliminar también fueron admitidas las pruebas documentales, materiales y testimoniales presentadas por el Ministerio Público, al considerarse pertinentes, útiles y relevantes para el proceso. Con la fijación de la audiencia del 28 de agosto, el caso entra en una nueva etapa judicial en la que el tribunal conocerá el fondo de las acusaciones relacionadas con una de las mayores tragedias ocurridas en la historia reciente de República Dominicana.
