Santo Domingo — Este lunes entra oficialmente en vigencia el nuevo Código Penal de la República Dominicana, marcando una de las reformas más profundas y trascendentales del sistema de justicia nacional en más de un siglo. La legislación, promulgada mediante la Ley 74-25, pone fin a la vigencia del código anterior que databa de 1884, tras cumplirse el período de vacatio legis de 12 meses establecido para su implementación.
La modernización del marco legal introduce más de 70 nuevas figuras delictivas, endurece las sanciones para diversos crímenes y adapta la normativa a las realidades sociales y tecnológicas del siglo XXI.
Principales novedades y modificaciones
- Aumento de penas: La pena máxima de prisión se eleva a 40 años, pudiendo alcanzar hasta los 60 años mediante la acumulación de condenas.
- Nuevas tipificaciones penales: Se incorpora por primera vez el feminicidio como un delito autónomo y el sicariato como un ilícito específico.
- Delitos tecnológicos y modernos: El ordenamiento jurídico ahora sanciona el ciberacoso, el chantaje con contenido íntimo (incluyendo los deepfakes), el fraude piramidal y las agresiones con sustancias corrosivas, comúnmente conocidas como «ácido del diablo».
- Responsabilidad corporativa: Por primera vez, las empresas podrán ser penalmente responsables por delitos cometidos en su beneficio directo.
- Crimen organizado y corrupción: Se fortalecen de manera significativa las sanciones contra la corrupción administrativa, la trata de personas, el terrorismo y el crimen organizado.
- Derecho internacional: Se incorporan formalmente delitos de lesa humanidad y genocidio al sistema legal dominicano.
Un proceso histórico de casi tres décadas
La promulgación de este nuevo código culmina un proceso legislativo que se extendió por casi tres décadas, caracterizado por profundos debates en la sociedad civil, observaciones presidenciales, fallos del Tribunal Constitucional y numerosos intentos fallidos en el Congreso Nacional.
Asimismo, en las últimas semanas previas a su aplicación, el Congreso introdujo modificaciones puntuales a artículos relacionados con el ultraje, la difusión no autorizada de imágenes privadas, la difamación, la malversación de fondos y la responsabilidad penal de las corporaciones para afinar su puesta en marcha.
