Redacción. — jueza federal oficializó este miércoles la autorización para que el Gobierno de Estados Unidos ponga fin a las protecciones temporales contra la deportación para cientos de miles de ciudadanos haitianos, cerrando un capítulo crucial en una batalla legal prolongada que escaló hasta la Corte Suprema.
La decisión de la jueza federal Ana Reyes se da a conocer poco más de un mes después de que el Tribunal Supremo revocara un fallo previo emitido por ella misma, el cual había frenado temporalmente los planes de la administración para cancelar el Estatus de Protección Temporal (TPS).
Mediante su nueva resolución, Reyes aclaró la incertidumbre legal que afectaba a unos 350.000 haitianos amparados por el programa, señalando formalmente que la medida cautelar que impedía la ejecución de la directriz gubernamental ya no se encuentra vigente.
Fuentes cercanas a las operaciones indicaron que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ya había comenzado las acciones de persecución contra aquellos beneficiarios cuyo estatus migratorio expiraba, allanando el camino para sus deportaciones a pesar de las advertencias del Departamento de Estado sobre la inestabilidad en Haití.
El secretario de Seguridad Nacional, Markwaye Mullin, confirmó las directrices operativas al señalar que los afectados tienen la opción de retornar voluntariamente o enfrentarse al arresto y repatriación forzosa por parte de las autoridades federales.
Pese al fin de las protecciones generalizadas, el Departamento de Seguridad Nacional indicó que algunos migrantes podrían eludir la expulsión inmediata si mantienen activos procesos independientes de alivio migratorio, tales como solicitudes formales de asilo u otros estatus legales.
En paralelo, la demanda principal bajo la supervisión de la jueza Reyes continuará su curso en los tribunales, con los representantes legales de la comunidad haitiana insistiendo en que la decisión del Ejecutivo estuvo supuestamente marcada por motivaciones discriminatorias.
La controversia judicial se extiende a otros frentes migratorios, ya que tribunales de distintas jurisdicciones han bloqueado temporalmente la cancelación del TPS para naciones como Etiopía, Birmania y Sudán del Sur, generando tensiones con una administración que defiende la temporalidad intrínseca de estos programas.
La decisión de la Corte Suprema que antecedió este fallo determinó que los tribunales federales carecen de facultades amplias para revisar las determinaciones del secretario de Seguridad Nacional respecto a la terminación de estas designaciones humanitarias.
No obstante, los abogados defensores de los migrantes manifestaron que continuarán recabando evidencias adicionales para intentar demostrar ante la justicia que las medidas vulneran el derecho constitucional a la igualdad de protección bajo la ley.
