Santo Domingo.- El nuevo Código Penal de la República Dominicana incorpora medidas dirigidas a enfrentar conductas cada vez más comunes en internet, como el robo de identidad, la creación de perfiles falsos, el acceso no autorizado a cuentas digitales y la difusión de imágenes, videos o audios manipulados con el objetivo de perjudicar a otras personas.
La normativa pone especial atención al uso de redes sociales, plataformas de mensajería y otros espacios digitales, donde la viralización de contenido puede afectar la reputación, la privacidad y la dignidad de los ciudadanos. Entre los cambios más relevantes figura el endurecimiento de las sanciones contra quienes utilicen datos personales de terceros para cometer fraudes, hacerse pasar por otra persona o realizar montajes digitales destinados a desacreditar a una víctima. Además, el acceso sin autorización a cuentas de WhatsApp, Instagram, Facebook, correo electrónico u otras plataformas también puede generar consecuencias penales. La legislación busca responder a un escenario en el que los delitos tecnológicos y las estafas mediante suplantación de identidad han aumentado de forma significativa en el país.
Otro de los aspectos destacados es la protección de la imagen personal. La difusión de fotografías, videos o audios sin consentimiento, así como la manipulación de ese contenido para causar daño al honor o al buen nombre de una persona, pasa a ser una conducta con implicaciones legales más severas, especialmente cuando el material es alterado o se utiliza con fines de chantaje, venganza o descrédito público. Con estas disposiciones, el nuevo Código Penal procura adaptar la legislación dominicana a los desafíos de la era digital y enviar un mensaje claro: lo que ocurre en internet también puede tener consecuencias en la vida real, por lo que el uso responsable de la identidad y de la imagen ajena adquiere un mayor nivel de protección jurídica. La reforma forma parte de la modernización del sistema penal dominicano y del fortalecimiento de la respuesta del Estado frente a los delitos cometidos en entornos digitales.
