Unas 200 armas de fuego y aproximadamente 40,000 municiones fueron ocupadas durante allanamientos realizados en 18 armerías como parte de la Operación Armum, desplegada por el Ministerio Público en distintas zonas de República Dominicana. Entre las armas encontradas figuran pistolas, revólveres, armas largas, armas de guerra y otras consideradas de uso prohibido en el país.
El Ministerio Público informó que una cantidad considerable de las armas ocupadas no contaba con documentación ni constancia sobre su procedencia. Las autoridades también encontraron unas 40,000 municiones, muchas de ellas sin marcaje, situación que, según la institución, constituye un indicio de que fueron introducidas ilegalmente al territorio dominicano.
Durante los operativos también fueron ocupadas armas modificadas o alteradas, cargadores tipo tambor, adaptadores, miras telescópicas y miras láser con punto rojo. Asimismo, las autoridades reportaron el hallazgo de pertrechos pertenecientes a agencias de investigación del Estado que se encontraban en las armerías sin los permisos correspondientes.
Los allanamientos permitieron detectar otras presuntas irregularidades, entre ellas la operación de establecimientos sin licencia, el funcionamiento con permisos vencidos, la realización de trabajos de taller sin autorización, la intermediación para comercializar armas sin licencia y la retención ilícita de armas pertenecientes a terceros. Las intervenciones se realizaron en el Distrito Nacional, Mao, Espaillat, San Francisco de Macorís, Santiago y Santo Domingo Este.
Como consecuencia de los hallazgos, los propietarios o representantes de las armerías intervenidas fueron arrestados en flagrante delito. El Ministerio Público informó que solicitará medidas de coerción contra los detenidos ante la Oficina de Atención Permanente. En la operación participaron 25 fiscales, 190 agentes de la Policía Nacional, 19 inspectores del Ministerio de Defensa y 19 inspectores del Ministerio de Interior y Policía. La investigación está a cargo de la Procuraduría Especializada para el Control y Tráfico de Armas, dirigida por la procuradora de corte Maura Martínez, que continuará las pesquisas para determinar el origen de las armas y municiones y establecer las responsabilidades penales correspondientes.
