El Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional tiene previsto continuar este martes 13 de octubre, a las 9:00 de la mañana, el proceso judicial contra el exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras; el empresario José Ángel Gómez Canaán, conocido como Jochi Gómez, y otros imputados en el denominado caso Camaleón. El expediente está relacionado con presuntas irregularidades en la contratación para modernizar la red semafórica del Gran Santo Domingo.
La audiencia tiene como objetivo avanzar hacia el juicio de fondo, luego de que el proceso fuera aplazado en dos ocasiones. La última suspensión ocurrió el 22 de septiembre, cuando las juezas acogieron una licencia médica presentada por Manuel Eduardo Mora Vásquez, abogado e imputado en el expediente, quien también representa legalmente a otra persona vinculada al caso. El tribunal fijó nuevas sesiones para los martes y viernes.
Además de Hugo Beras y Jochi Gómez, el expediente incluye a Pedro Vinicio Padovani Báez, Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, Frank Rafael Atilano Díaz Warden, Juan Francisco Álvarez Carbuccia, Carlos José Peguero Vargas, Mariano Gustini, Manuel Eduardo Mora Vásquez y Henry Darío Féliz Casso. También figuran las empresas Transcore Latam, Aurix, Inprosol, OML Inversiones, PagoRD Xchange, Industria Soltex Dominicana y Dekolor.
El Ministerio Público sostiene que el proceso de contratación para la modernización, gestión y mantenimiento de los semáforos estuvo marcado por presuntas irregularidades. Según la acusación, el contrato adjudicado a Transcore Latam superaba los RD$1,300 millones. El expediente también vincula la suspensión del contrato con los incidentes que afectaron la red semafórica del Gran Santo Domingo en agosto de 2024.
La audiencia representa un nuevo intento de iniciar la fase de juicio de fondo, en la que las partes deberán presentar sus argumentos y pruebas para que el tribunal examine los hechos y determine las responsabilidades que correspondan. Los señalamientos del Ministerio Público deberán ser debatidos y probados ante las juezas, mientras que el desarrollo del proceso dependerá de que se cumplan las condiciones procesales necesarias para avanzar sin nuevos aplazamientos.
