SANTO DOMINGO — Un total de 314 personas reclamadas por la justicia decidieron entregarse de manera voluntaria a las autoridades entre el 17 de agosto y el 16 de octubre de este año, según informó la ministra de Interior y Policía, Faride Raful.
El balance fue presentado durante la reunión semanal de la Fuerza de Tarea Conjunta, espacio de coordinación de seguridad ciudadana encabezado por el presidente Luis Abinader.
De acuerdo con las estadísticas divulgadas por la institución, los casos que motivaron las entregas voluntarias se dividen principalmente en:
- Robos y asaltos: 76 personas
- Homicidios: 71 personas
- Tráfico de drogas: 49 personas
- Otros delitos: Agresiones y violencia, vehículos robados, delitos sexuales e infracciones diversas.
El reporte detalla un incremento sostenido en la disposición de los ciudadanos requeridos para presentarse ante las autoridades: entre el 17 y el 31 de agosto se registraron 31 entregas, la cifra aumentó a 122 en septiembre, y cerró con un repunte de 161 personas entre el 1 y el 16 de octubre, siendo este último el período con mayor incidencia.
Enfoque sistémico de la seguridad
Durante la presentación del informe, la ministra Raful enfatizó que el fortalecimiento de la seguridad ciudadana demanda una corresponsabilidad institucional y no puede dejarse únicamente en manos de la Policía Nacional.
“No delegando solamente en la Policía Nacional, sino en todas las instituciones que pertenecen a este sistema que por primera vez trabaja de manera conjunta y que esta Fuerza de Tarea es la mejor evidencia de esto”, señaló la funcionaria.
Asimismo, Raful abordó los avances en marcha dentro del proceso de transformación policial, lo que incluye la ampliación del nuevo modelo de patrullaje y la integración de herramientas tecnológicas orientadas a optimizar la capacidad de respuesta de los organismos de seguridad del Estado.
Punto clave: Aunque el informe refleja una tendencia al alza en las entregas voluntarias coordinadas a través de la Fuerza de Tarea Conjunta, el balance oficial no especifica el estatus judicial posterior de los ciudadanos ni su incidencia directa en la reducción general de los índices delictivos.
