Los acusados se habrían adjudicado varios cheques en su propio beneficio, sustrayendo los fondos de la federación
En horas del mediodía del 17 de octubre, la Coordinación de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional recibió una solicitud de allanamiento, experticia y secuestro, suscrita por Wilson Camacho, el titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca). Una vez aprobada, los fiscales fueron a las puertas de la oficina de la Federación Dominicana de Pentatlón Moderno (FEDOPEM); a la residencia de Freddy Núñez Jorge, que es presidente de la entidad; y al domicilio de Evaristo Ozoria Rodríguez, tesorero.
Estaban allí buscando elementos de prueba, lo que dio cabida a una orden de arresto y a espera de la medida de coerción que se conocerá el viernes, como parte de una acusación que convierte a los mencionados en imputados por los presuntos ilícitos de desfalco, estafa, falsificación de escrituras públicas, asociación de malhechores y lavado de activos en perjuicio del Estado.
Las investigaciones de la Pepca iniciaron a raíz de una serie de denuncias en el programa “N Investiga” de Nuria Piera, reproducidas en abril del 2023, en las cuales se mostraban supuestas irregularidades cometidas por Núñez Jorge. La FEDOPEM es una organización sin fines de lucro incorporada por resolución en 2009, a nombre de la cual el Ministerio de Deportes y Recreación (MIDEREC) liberó pagos por la suma de RD$59,445,389.67, en los años de 2013 a 2023.
Además de esto, el Comité Olímpico Dominicano (COD) le transfirió fondos a la federación de RD$1,76,728.05, en el período correspondiente de 2015 al 2018, antes de lo que habían girado cheques a favor por una suma de RD$636,065.52, en los años del 2011 y 2012.
El presupuesto mensual de Pentatlón Moderno asciende hasta el monto de 450 mil pesos, del cual está destinado el 61 por ciento para gastos administrativos; una nómina en la que el Ministerio Público denuncia pagos a entrenadores que no existen y a asociaciones deportivas sin entrenadores, al igual que falsificación de firmas para cobros de dinero, gastos personales reportados como de la federación, pagos a personal sin justificación legal y nepotismo a lo interno.
En las indagatorias de los fiscales, establecen que una modalidad de desfalco ejecutada por los acusados fue girar cheques a nombre de entidades inexistentes bajo “la fórmula de y/o”, comprobando que no contaban con registros de las asociaciones, a pesar de ser beneficiarias con múltiples cheques firmados por Freddy Núñez Jorge y Evaristo Ozoria Rodríguez, en calidad de presidente y tesorero.
La acusación menciona que los imputados presentaron informes de liquidación fraudulentos, que en el momento de ser requeridos para posteriores desembolsos de subvenciones o aportes, detectaron emisiones de cheques que no llegó al suplidor correspondiente, tampoco sustentados con facturas o recibos, además de la firma de cheques a nombre de empleados y directivos, compras y gastos que no se relacionan con la fomento del deporte, pagos sin cotizaciones y facturas sin NFC, ni firmas o sellos de pagado.
Los acusados se habrían adjudicado varios cheques en su propio beneficio, sustrayendo los fondos de la federación, los cuales representan una suma de RD$3,90,030.73, divididos en RD$2,923,414.73 para Freddy Núñez Jorge y RD$166,517.00 en nombre de Evaristo Ozoria Rodríguez.
De esto ser demostrado en los tribunales, correspondería a un uso distinto a lo preestablecido por el Miderec en las condiciones a las partidas presupuestarias, las cuales daban cuenta de que el subsidio debe ser destinado en un 30 por ciento para cargas fijas administrativas, 30 por ciento para el fomento de actividades deportivas nacionales y un 40 por ciento para competencias internacionales.
Es responsabilidad del Ministerio Público la custodia y buena conservación de los bienes incautados.
La medida de coerción fue aplazada la mañana de este miércoles para ser conocida el viernes, solicitado por la defensa técnica de Núñez Jorge, tras considerar lo extensa de la acusación que el Ministerio Público sustenta en 752 páginas y 219 medios de prueba.
