La Justicia dominicana dispuso retirar el control administrativo y gerencial ordinario de Key West Corporation, S.R.L., empresa operadora de un relleno sanitario ubicado en el batey La Tumba de Boca Chica, tras señalarse problemas administrativos y financieros, en medio de investigaciones por presuntos daños ambientales y denuncias sobre el manejo de fondos durante más de tres años de operaciones.
La decisión fue adoptada inicialmente mediante la ordenanza núm. 504-2026-SORD-0887, del 15 de abril de 2026, emitida por la magistrada Rosa Evelyn Fermín Díaz, de la Presidencia de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional. La disposición sustituyó la administración encabezada por Francisco Javier Lacoma Fernández, gerente de nacionalidad española, vinculado a Naturgreenkapital RD, S.R.L., empresa relacionada con el grupo empresarial español Griñó.
Posteriormente, la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional mantuvo la medida mediante la sentencia núm. 02602-2026-SCIV-00530, del 28 de septiembre de 2026. El tribunal acogió el recurso presentado por los socios dominicanos César Morales y Alejandro Pérez y designó como administrador judicial al licenciado Felipe de Jesús Montero de los Santos, integrante de la terna presentada por el Instituto de Contadores Públicos Autorizados de la República Dominicana (ICPARD).
Entre los asuntos señalados en el expediente figura una investigación de la Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales por presunta contaminación con desechos sólidos durante las operaciones del relleno sanitario. Los socios también denunciaron supuestas irregularidades administrativas, restricciones a la fiscalización, un presunto desvío millonario de fondos y oposición a una auditoría independiente. Estos señalamientos permanecen pendientes de verificación judicial.
El magistrado José Reynaldo Ferreira Jimeno juramentó a Felipe Montero, quien deberá realizar un inventario financiero y patrimonial, preservar los activos de la empresa, garantizar la continuidad de las operaciones y presentar informes periódicos al tribunal. La nueva administración también tendrá a su cargo la solicitud de una auditoría independiente para esclarecer el manejo de los recursos durante los últimos tres años. La intervención judicial permanecerá vigente hasta que los tribunales decidan la demanda de rescisión contractual y reparación de daños y perjuicios.
