El presidente de la Central Nacional Movimiento Choferil del Transporte (Mochotran), Alfredo Pulinario Mariot, conocido como Tito, manifestó su preocupación por las consecuencias que podría generar la implementación de la Inspección Técnica Vehicular (ITV) en miles de trabajadores del transporte público en República Dominicana.
El dirigente advirtió que cientos de vehículos podrían quedar fuera de circulación debido a su avanzado deterioro, situación que dejaría a numerosos choferes sin unidades para trabajar y, por tanto, sin su principal fuente de ingresos. Explicó que muchos transportistas afiliados a Mochotran utilizan vehículos con más de diez años de antigüedad.
Pulinario Mariot señaló que estos trabajadores no cuentan con los recursos económicos suficientes para sustituir sus unidades y cumplir con las nuevas exigencias técnicas. Por esa razón, solicitó al presidente Luis Abinader destinar el 2 % de los impuestos recaudados por los derivados del petróleo a un programa de renovación del parque vehicular.
Además, pidió ampliar los corredores de transporte, las rutas alimentadoras y los carriles exclusivos para autobuses, como parte de las medidas para fortalecer el sistema de transporte público. Sostuvo que no basta con exigir vehículos en óptimas condiciones si los transportistas no reciben facilidades para reemplazarlos.
El presidente de Mochotran afirmó que la inspección técnica debe contribuir a transformar el sector sin provocar la pérdida de empleos ni afectar a las familias de los trabajadores del volante. Aunque aseguró que la organización y sus autobuses están preparados para las evaluaciones, reconoció que cientos de sus afiliados necesitan renovar sus unidades. La ITV, anunciada por el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), responde a la Ley 63-17, cuyo artículo 166 establece una revisión técnica anual obligatoria para los vehículos que circulan en el país. El proyecto tuvo en 2025 un anuncio de inversión privada inicial estimada en 88 millones de dólares, mientras que el director de la Dirección General de Alianzas Público-Privadas, Andrés Lugo Risk, informó que estaría listo para operar formalmente en 2030.
