La Fiscalía de Paraguay amplió este viernes la imputación contra el expresidente Santiago Peña, a quien acusa de encabezar una asociación criminal integrada por cinco funcionarios del Banco Central de Paraguay (BCP), presuntamente organizada para proteger a Ueno Bank. El colapso de la entidad financiera desencadenó una crisis bancaria que precipitó su destitución y posterior encarcelamiento. Según un acta de la Fiscalía a la que tuvo acceso la agencia AFP, Peña habría dirigido la estructura desde la Presidencia de la República.
El exmandatario, de 47 años, ya enfrentaba cargos por lesión de confianza y administración en provecho propio dentro de la misma investigación, por los que cumple prisión preventiva. Fue destituido la semana pasada mediante un acelerado juicio político y podría enfrentar una condena de hasta 15 años de prisión si es declarado culpable. Las autoridades lo señalan de utilizar su influencia para favorecer a Ueno Bank, entidad en cuyo grupo controlador habría tenido participación accionaria, mediante la colocación de cientos de millones de dólares de fondos públicos. El Banco Central anunció el 3 de noviembre la intervención del banco digital por graves problemas de solvencia, dejando a cientos de miles de clientes sin acceso a sus depósitos.
La justicia paraguaya desarrolla dos investigaciones paralelas: una dirigida contra los directivos del grupo empresarial que controlaba Ueno Bank, diez de los cuales permanecen detenidos, y otra contra Peña y el expresidente del Banco Central, Carlos Carvallo, quienes también cumplen prisión preventiva. Entre el jueves y el viernes fueron detenidos otros cuatro exdirectivos del BCP, imputados por el Ministerio Público. La Fiscalía sostiene que Peña habría encabezado una estructura organizada dentro del aparato estatal para subordinar los controles financieros del organismo regulador a los intereses del Grupo Vázquez, propietario de Ueno Bank. También lo acusa de mantener reuniones clandestinas periódicas con Federico Vázquez, presidente del grupo, en la residencia presidencial, y de impartir instrucciones para impedir la intervención de la entidad. Según la investigación, funcionarios del BCP habrían ocultado irregularidades financieras y permitido que el banco continuara captando depósitos pese a las advertencias sobre su insolvencia. Como parte de las pesquisas, la Fiscalía allanó el jueves la residencia presidencial e incautó documentos y registros de cámaras, además de registrar previamente dos propiedades particulares de Peña.
En cuanto a la devolución de los depósitos, el Banco Central informó a la AFP que el 80 % de los 1.8 millones de depositantes ya había recibido la totalidad de sus ahorros. Sin embargo, la mayor parte del dinero depositado todavía no ha sido restituida, incluidos más de 800 millones de dólares correspondientes a fondos públicos, muchos de ellos destinados a jubilaciones. En una primera etapa se entregaron hasta 19,000 dólares por cuenta, cubriendo 644 millones de los 2,800 millones depositados en la entidad. Los titulares de cuentas de mayor valor deberán esperar la transferencia de activos y pasivos de Ueno a otras instituciones financieras, proceso que comenzaría la próxima semana. Las autoridades esperan utilizar esos recursos para devolver prioritariamente los fondos jubilatorios y de otros organismos públicos. El presidente del BCP, Jorge Schreiner, aseguró que los activos transferibles superan el monto de las obligaciones del banco con el sistema previsional. Asimismo, la Fiscalía informó que varios países han localizado fondos vinculados a la entidad y que realizará gestiones para congelarlos, luego de iniciar contactos con Estados Unidos, Luxemburgo y Argentina.
Mientras avanza la investigación, el nuevo presidente paraguayo, Pedro Alliana, quien asumió el cargo tras la destitución de Peña, busca consolidar el respaldo internacional y aplicar medidas económicas para aliviar las consecuencias de la crisis bancaria. Este viernes sostuvo su primera conversación telefónica con el presidente argentino, Javier Milei, quien le expresó su apoyo a Paraguay, según informó Alliana en la red social X. Un día antes, el mandatario declaró organizaciones terroristas a 21 grupos, entre ellos el Tren de Aragua, la Mara Salvatrucha y los cárteles mexicanos de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, como parte de una iniciativa regional impulsada por Estados Unidos. La decisión recibió el respaldo público de la embajada estadounidense y funcionarios del Departamento de Estado. Alliana, quien anteriormente ocupaba la vicepresidencia, deberá completar el período presidencial de Peña hasta 2028.
