El titular de la Digepres afirmó que las modificaciones de asignaciones son autorizadas por ley, y ahora no se hacen como en 2012, de forma ilegal, porque hay que agotar los procesos.
El director general de Presupuesto, José Rijo Presbot, aseguró ayer que las modificaciones en asignaciones de fondos son autorizadas por ley y no se hacen de forma ilegal, tras indicar que es su deber confirmarle al país que las obras prometidas por el Gobierno sí serán finalizadas.
Rijo Presbot dijo que entre estas obras se encuentra en ejecución de construcción el Paso a Desnivel Soterrado en la Intersección de la avenida Luperón con avenida 27 de febrero (rotonda Plaza de la Bandera); y en la Isabel Aguilar, con un monto de contrato por US$254,970,462.32, con un 30% de ejecución.
Asimismo, el diseño y construcción del distribuidor de tráfico de la avenida República de Colombia esquina Jacobo Majluta, con un monto de RD$2,457,092,575.00, y un 25% en ejecución.
Entre otros señalamientos, el titular de la Digepres, manifestó que el Gobierno ha actuado conforme a las leyes y no como sucedió en 2012, año en el cual según afirmó se registró el mayor déficit de las finanzas públicas del país, ascendente a RD$156,000 millones.
Explicó que lo primero es analizar los momentos del desembolso de los fondos y su disponibilidad en el calendario presupuestario.
De acuerdo Rijo Presbot el 21 de noviembre de 2023 fue que se solicitó la incorporación de los recursos provenientes de la renegociación del contrato de concesión de Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom), la cual fue depositada en la Cámara de Diputados el 28 de septiembre de ese mismo año, y se incluyó mediante adenda al Proyecto de Ley de Presupuesto General del Estado del 2024.
“La primera partida, por un monto de RD$17,348.0 millones, recibida en marzo imposibilitó que se pudiera programar apropiación para las inversiones en la cuota de compromiso para el primer trimestre, dilatando la utilización de dichos recursos, sin embargo, ya en mayo se habían ejecutado RD$15,862.70 millones, equivalente al 91% de los recursos recibidos a la fecha”, sostuvo.
Los proyectos que pudieron ser cubiertos en el primer semestre del año 2024, y que así fueron presupuestados, eran aquellos que disponían de su código del Sistema de Nacional de Inversión pública (SNIP), sin lo cual no puede licitar y por consiguiente iniciar ningún proyecto de inversión, como era en el pasado antes del 16 de agosto de 2020, además de tener que cumplir con el debido proceso de la Ley número 340-06, de Compras y Contrataciones.
Además, en correspondencia con la proyección de los ingresos para el segundo semestre, entre ellos la segunda partida de Aerodom, tuvieron la necesidad de modificar la Ley número 80-23, del 20 de diciembre de 2023, que aprobó el Presupuesto General del Estado para el ejercicio presupuestario del año 2024, así, mediante la ley número 26-24, del 29 de julio de 2024, se autorizó la variación de los destinos de una parte de los recursos para ser destinados a otros proyectos de inversión en ejecución, medida que fue asumida para no incrementar el déficit presupuestado originalmente.
Rijo Presbot recordó en 2012 sí hubo un incremento del déficit fiscal de forma ilegal, pero ahora eso no pasa, como tampoco el endeudamiento para cubrir disminución de cuentas por pagar (Deuda administrativa), como desde el 2011 y que se convirtió en una práctica recurrente, al punto que la mayoría de los pagos realizados que se ventilan en la justicia fueron pagados con endeudamiento.
Al respecto, puso como un ejemplo, el caso Calamar, el cual según dijo, se financió con emisión de bonos internos por US$250 millones, entre otros recursos. Y esos endeudamientos sí impactan en el pago de los intereses que se critican, afirmó.
Ayer, el ex ministro de Hacienda, Daniel Toribio, cuestionó las asignaciones de recursos provenientes del acuerdo con Aerodom para obras de infraestructura.
En ejecución
Sobre las ejecuciones de las obras, el titular de la Digepres señaló que cada peso proveniente de Aerodom se puede evidenciar, sobre todo, en qué se invirtió, y para eso solo basta revisar las cifras publicadas en el portal institucional de la Dirección General de Presupuesto.
Rechazó el cuestionamiento de que el Gobierno no gastó un solo centavo las grandes obras, porque lo que sucede ahora es que hay que cumplir con el debido proceso, apegado a las leyes que aplican al Presupuesto General del Estado.
Rijo Presbot recalcó que las obras prometidas serán finalizadas, como el Paso a Desnivel Soterrado en la Intersección de la avenida Luperón con avenida 27 de febrero (rotonda Plaza de la Bandera) y en la Isabel Aguilar.
El diseño y construcción del distribuidor de tráfico de la avenida República de Colombia esquina Jacobo Majluta, la construcción de puente basculante sobre río Ozama, conectando la avenida Francisco Caamaño Deñó (antigua avenida Del Puerto) con la avenida Malecón, en Villa Duarte, “en sustitución del puente flotante en el Gran Santo Domingo”, y que se encuentra en proceso de licitación con un monto aproximado de RD$3,054,608,590.52.
Asimismo, la construcción solución vial a la intersección avenida Charles de Gaulle con calle Héctor J. Díaz, Sabana Perdida, SDN; en proceso de admisión al presupuesto nacional para licitar por monto aproximado RD$801,629,256.62.
Cumplimiento
En cuanto a los recursos del Ministerio de la Presidencia, destinados como transferencias de capital a empresas públicas no financieras nacionales para fideicomiso (FITRAM), con los cuales se ejecutan los proyectos de movilidad masiva en Santiago y el Gran Santo Domingo, por un monto de RD$20,000 millones, explicó que fueron devengados y pagados, conforme al registro del Sistema de Información de la Gestión financiera (SIGEF).
En cuanto al Ministerio de la Vivienda, Habitat y Edificaciones (MIVHED), de un total transferido de RD$1,661,443,133.34 se ejecutó y pagó RD$1,660,807,130.86, en diferentes obras, incluyendo el Hospital Traumatológico de San Cristóbal.
Rijo Presbot asegura que la transparencia no es una opción.
