El próximo sábado cumple 20 años de instalada la primera fiscalía Barrial del Distrito Nacional, que comenzó a funcionar bajo la dirección del entonces fiscal José Manuel Hernández Peguero.
El próximo sábado 19 de octubre se cumplen 20 años de la instalación de la primera fiscalía barrial del Distrito Nacional, en el sector Gualey. Desde entonces ya suman 17 que se han convertido en lugares donde los ciudadanos exponen denuncias que van desde amenazas de muerte hasta casos de violencia de género.
La creación de las fiscalías barriales en la jurisdicción del Distrito Nacional bajo la dirección del ex fiscal del Distrito Nacional y ex juez del Tribunal Superior Electoral (TSE), José Manuel Hernández Peguero, contribuyó a la integración de la ciudadanía en la solución de sus conflictos, evitando que numerosos casos llegarán a los tribunales y que disputas menores saturaran el sistema judicial.
Personas que han denunciado agresión, robo, violencia de menores, amenazas, trabajo realizado y no pagado y fullería, han llevado sus casos a la fiscalía barrial correspondiente para encontrar una solución a sus conflictos.
Ya los ciudadanos que se vean afectados por un problema que amerita la intervención del fiscal no tienen que trasladarse hacia el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, porque las fiscalías barriales acogen sus inquietudes.
“Concebí las fiscalías barriales dado el nuevo rol que tenía que desempeñar el fiscal con la entrada en vigencia del Código Procesal Penal, partiendo de que era imposible hacerlo desde los destacamentos de la Policía Nacional”, apuntó Hernández Peguero.
Dijo que visualizó el fiscal como el funcionario más apropiado para liderar en los barrios las acciones tendentes a garantizar los derechos de sus pobladores, a quienes integraría en tareas comunes para lograr la convivencia y seguridad ciudadana, colocándolo en edificaciones separadas de los policías, confortables y adecuadas que integrará además a un psicólogo y médico forense.
Sin embargo, a 20 años de la instalación de la primera de las 14 fiscalías barriales en la ciudad capital, el 19 de octubre de 2004 en el barrio Gualey, Hernández Peguero criticó que este proyecto no se le ha dado continuidad en otras provincias que por su densidad habitacional y conflictividad, requieren de la presencia de un fiscal para la solución de los problemas habituales de las poblaciones populosas.
De su lado, la fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos Castillo, resalta la importancia de ofrecer a los ciudadanos un trato adecuado, en lugares seguros y con el confort que ameritan para realizar una labor eficiente, además de contar con las condiciones de confidencialidad en las declaraciones ofrecidas a los representantes del ministerio público.
A su entender, es de interés que el personal de las fiscalías barriales esté debidamente capacitado y sensibilizado para que ofrezca un trato integral que permita a los usuarios encontrar la solución de sus conflictos en un corto tiempo.
«Los fiscales comunitarios son nuestro lazo más directo y humano con la sociedad, nuestro orgullo», consideró Ramos Castillo, quien fue ratificada en el cargo por el Consejo Superior del Ministerio Público, que preside la procuradora general de la República, Miriam Germán Brito.
Antecedentes
En el año 1987, fue adoptada la decisión de asignar fiscales en los destacamentos de la Policía Nacional que operaban en los barrios de la capital, básicamente con el objetivo de garantizar a los ciudadanos y ciudadanos el respeto de sus derechos y un trato digno. Pero también para evitar que los policías desistieran de los casos que ameritan el apoderamiento de los tribunales.
No obstante, la ciudadanía continuó percibiendo los maltratos y violaciones a sus derechos fundamentales, agravado por el descrédito de los agentes policiales ante la sociedad que daba por consecuencia que la imagen de los fiscales fuese empeñada, al extremo de que a ambos funcionarios se les asociaba en la comisión de actos deshonestos.
La entrada en vigor de la ley del ministerio público y el Código Procesal Penal delinearon y especificaron las funciones asignadas a los actores fundamentales del sistema, principalmente el de los fiscales, a quienes les encomendaron, además de perseguir y lograr la sanción de los responsables de actos penales ilícitos, brindar atención integral a las víctimas de los delitos para lograr minimizar los daños y obtener su reinserción a la familia y sociedad, y procurar la solución de los conflictos a través de los medios alternativos previstos.
Empero, hay falta de liderazgo y dirección de los fiscales hacia los agentes policiales, pues estos consideraban a los representantes del ministerio público como intrusos en sus centros de trabajo, desvirtuando las causas que dieron lugar a sus asignaciones en los destacamentos.
Lo antes narrado obligaba a las autoridades del ministerio público en la ciudad capital a adoptar soluciones inmediatas a esta problemática. La primera consistiría en invertir recursos para adecuar la estructura física de los destacamentos policiales y, la segunda, crear nuevas instalaciones en donde el fiscal labore, pautando su accionar además en prestar atención integral a las víctimas a través de un personal profesional distinto que le auxilie.
Conociendo las experiencias de otros países, como las Casas de Justicia de Colombia, y comprendiendo el nuevo rol del ministerio público, las autoridades de entonces decidieron establecer a los fiscales en lugares distintos a los destacamentos policiales, solucionando así de inmediato los problemas planteados.
De inmediato las autoridades comenzaron a crear espacios físicos apropiados para recibir dignamente a las víctimas de los delitos y ciudadanos en conflictos, creando un ambiente de trabajo que facilitaba la solución de los casos a través de las opciones alternativas previstas en la normativa procesal penal.
El objetivo era evitar que los ciudadanos confundieran las atribuciones de los fiscales y policías, todo con el fin de devolver la confianza a la ciudadanía.
Ubicación
Los residentes de los sectores Gualey, Los Guandules-La Ciénaga, Cristo Rey-Ensanche La Fe, Villas Agrícolas, Capotillo, María Auxiliadora, Ensanche Quisqueya, Ciudad Colonial, Villa Consuelo, Carretera Sánchez, Villa Juana, Los Ríos y Los Girasoles, entre otros, donde están ubicadas las fiscalías barriales, participan junto a los representantes del ministerio público y los voluntariados en la solución de los conflictos menores que se presentan.
El delito más denunciado en las fiscalías barriales es la violencia contra la mujer, seguido de la amenaza y el robo simple
Voluntariados
En las fiscalías barriales también funcionan los voluntarios de apoyo, integrados por dirigentes comunitarios, representantes de las iglesias católicas y evangélicas, clubes deportivos, juntas de vecinos y asociaciones de amas de casa.
Ese aporte se fundamenta en lo que establece el Código Procesal Penal, que promueve la participación de la ciudadanía en la administración de justicia. Los voluntarios se consideran los testigos de excepción del verdadero sentido y alcance de las fiscalías barriales.
