Asimismo, el tribunal declaró la complejidad del proceso y se opuso a la venta u traspaso de los bienes muebles e inmuebles identificados.
La Oficina Judicial de los Servicios de Atención Permanente del distrito judicial de La Romana dictó 18 meses de prisión preventiva, como medida de coerción, en contra de tres miembros de la red dedicada a la estafa inmobiliaria, asociación de malhechores y lavado de activos, desarticulada en el Caso Guepardo.
La magistrada Margarita Cristo Cristo dictó los 18 meses de prisión preventiva en contra el canadiense Yves Alexandre Giroux, Marisol Nova Nolasco y Rocío del Alba Rodríguez de Moya, quienes cumplirán la medida en el Centros de Corrección y Rehabilitación (CCR) de San Pedro de Macorís y en Najayo-Mujeres.
Asimismo, el tribunal declaró la complejidad del proceso y se opuso a la venta u traspaso de los bienes muebles e inmuebles identificados.
La magistrada Cristo Cristo también rechazó los pedimentos de excepción de constitucionalidad contra la aplicación de la sentencia 765 el 29 de noviembre de 2024, dictada por el Tribunal Constitucional, por la misma estar diferida hasta noviembre de 2025 y de nulidad del arresto, por haberse respetado los cánones legales al momento de su arresto.
Sobre Caso Guepardo
La estructura criminal, según los fiscales, se dedicaba a promocionar proyectos inmobiliarios, atrayendo compradores de República Dominicana, Puerto Rico, Estados Unidos y Europa, a través de la promoción de RE/MAX, al ser una empresa internacional reconocida por su credibilidad en este mercado.
La investigación realizada por el Ministerio Público, con el apoyo técnico de la División de Investigación de Lavado de Activos y Terrorismo (DILAFT), de la Policía Nacional y conforme al informe financiero preliminar, realizado por la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, a través de la Unidad de Investigaciones Criminales, afirma que los miembros de la organización delictiva han recibido la suma de US$ 18,851,583.12.
El pasado viernes 7 de febrero de 2025 se practicaron 11 allanamientos y 2 incautaciones de bienes inmuebles en Santo Domingo Este, allanamientos y dos incautaciones de bienes inmuebles en Santo Domingo Este, Distrito Nacional, La Romana y La Altagracia, donde se secuestraron vehículos de alta gama, aparatos electrónicos y documentación relevantes al entramado, con lo que ha permitido al órgano persecutor identificar el modus operandis de la red.
El Ministerio Público indicó que el accionar de estos malhechores constituyen una violación a los artículos 405, 265 y 266 del Código Penal Dominicano, 15 de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología y la Ley 155-17, sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
