La tragedia ocurrida en la discoteca Jet Set, que dejó más de 200 muertos, ha reavivado el llamado urgente a reformar el Código Penal dominicano. Diversos sectores políticos coinciden en que es indispensable una actualización profunda que garantice justicia equitativa para todos.
Virginia Antares, líder de Opción Democrática, junto al ex procurador general Francisco Domínguez Brito, del PLD, coincidieron en la necesidad de un marco legal que imponga sanciones proporcionales al delito cometido, sin distinción por estatus social o institucional.
Antares recordó que su partido siempre ha impulsado una reforma penal integral. “Queremos un código que sirva a la justicia y proteja a los ciudadanos”, afirmó.
Además, rechazó cualquier propuesta que busque eximir de responsabilidad penal a instituciones como partidos políticos, iglesias o ayuntamientos, así como la creación de tribunales especiales para militares. “La ley debe aplicarse igual para todos”, subrayó.
Por su parte, Domínguez Brito destacó que la reforma debe incluir también una revisión del Código Procesal Penal para hacer los procesos más ágiles y accesibles. “El sistema actual es lento, costoso y muchas veces injusto. Sin cambios, la persecución del delito seguirá siendo ineficaz y las víctimas seguirán sin justicia”, explicó.
Esta exigencia surge en un contexto donde la sociedad dominicana demanda mayor transparencia y eficacia en la justicia, especialmente tras tragedias que evidencian las fallas del sistema. Ambos líderes hicieron un llamado a un debate abierto y responsable, que priorice el fortalecimiento del sistema judicial por encima de intereses particulares.
Según expertos en derecho penal, la última reforma significativa del Código Penal dominicano data de hace más de dos décadas, lo que ha generado un desfase con las necesidades actuales del país, especialmente en materia de justicia rápida y sanciones proporcionales.
La actualización del código también podría incluir medidas para proteger mejor a las víctimas y garantizar mayor transparencia en los procesos judiciales, aspectos que la sociedad civil ha demandado con insistencia en los últimos años.
