El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), a cargo de su director ejecutivo, Milton Morrison, presentó una querella penal formal ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) contra la empresa Dekolor SRL y los señores Rogelio Ramón Oruña Aguilar y Sandra Oruña, por su presunta participación en una estructura criminal orientada a sobornar, extorsionar y estafar al Estado dominicano.
El comunicador y dirigente político Virgilio Feliz Mejía ha hecho pública a través de su cuenta de X la querella presentada por el INTRANT, destacando que el organismo «rompió el silencio al querellarse penalmente contra la empresa Dekolor SRL».
Según se detalla en el documento legal recibido por PEPCA el pasado 4 de julio a las 3:29 p.m., Dekolor SRL ofreció hasta un millón de dólares estadounidenses y tres millones de pesos dominicanos mensuales al director de INTRANT a cambio de una prórroga irregular del contrato de licencias vencido, sin licitación previa. El Sr. Morrison se mantuvo firme en su posición, negándose a ceder ante las presiones externas. En su lugar, optó por actuar de acuerdo con los principios legales y presentar las pruebas pertinentes ante las autoridades competentes.
La querella incluye cargos basados en múltiples legislaciones, entre ellas:
- Ley 448-06 sobre Soborno en el Comercio y la Inversión,
- Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo,
- Código Penal dominicano (Artículos 265, 266, 400, 405) sobre asociación de malhechores, estafa, chantaje y extorsión,
- Y Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.
En el documento, Morrison actúa tanto en representación del INTRANT como a título personal, acompañado legalmente por el equipo de abogados de la firma Estrella & Tupete.
La querella detalla evidencias que incluyen pagos en efectivo, intentos de soborno, amenazas y presiones documentadas, y solicita que se inicien las investigaciones pertinentes contra los señalados, así como la indemnización correspondiente al Estado por los daños causados.
