La vista para la revisión de las medidas de coerción impuestas a los implicados en la presunta estafa inmobiliaria del caso Operación Guepardo fue aplazada para el próximo 2 de septiembre, según informaron los abogados querellantes.
Durante la vista, celebrada en el Segundo Juzgado de Instrucción de La Romana, el abogado Máximo Miñoso, que representa a varias de las víctimas, explicó que la defensa pretende modificar la medida de prisión preventiva de 18 meses que pesa sobre los acusados Yves Alexandre Giroux, Marisol Nova Nolasco y Rocío del Alba Rodríguez de Moya. Sin embargo, tanto el Ministerio Público como los representantes legales de las víctimas solicitan que se ratifique dicha medida.
Los acusados cumplen prisión en los centros de corrección de San Pedro de Macorís y Najayo Mujeres, respectivamente.
El abogado también expresó su preocupación por la falta de información sobre el proceso de extradición de Loany Lismeiry Ortiz Nova, señalada como la principal cabecilla del entramado, quien fue arrestada en Colombia. “No se sabe en qué etapa se encuentra el proceso ni cuál ha sido el seguimiento por parte del órgano persecutor, a pesar de que este caso afecta a cientos de personas”, afirmó Miñoso.
El caso Operación Guepardo involucra una supuesta red de estafa inmobiliaria a través de la empresa Novasco, con decenas de querellas presentadas por ciudadanos que alegan haber sido engañados con promesas de adquisición de viviendas que nunca fueron entregadas.
