El bloque de diputados del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) depositó tres proyectos de resolución para interpelar en la Cámara de Diputados a los administradores de Edesur, Edenorte y Edeeste, con el objetivo de que expliquen la situación del servicio eléctrico, las inversiones anunciadas y el manejo de los recursos destinados a las distribuidoras.
Las iniciativas, sometidas a nombre del diputado Charlie Mariotti, buscan que comparezcan José Luis Actis, administrador de Edesur; Gustavo Martínez, de Edenorte; y Emilio Contreras, de Edeeste. Mariotti señaló que uno de los principales motivos es conocer cómo las empresas calculan las facturas, ante denuncias de usuarios que habrían pasado de pagar entre RD$2,000 y RD$3,000 a recibir facturas de RD$20,000, RD$30,000 y hasta RD$40,000.
El legislador también reclamó explicaciones sobre el destino de los subsidios y préstamos destinados al sector eléctrico. En el caso de Edenorte, la resolución plantea revisar la ejecución de un plan de expansión anunciado para 2026, superior a RD$1,103 millones, que contempla la repotenciación de subestaciones y nuevas infraestructuras, además de inversiones superiores a RD$89 millones para rehabilitar redes en Pontón Arriba y Pontón Abajo, en Navarrete.
Para Edeeste, el PLD solicita información sobre proyectos de modernización, mantenimiento y ampliación de redes, incluido un plan de inversión superior a RD$400 millones para fortalecer el servicio en Monte Plata. En cuanto a Edesur, la iniciativa pone el foco en reclamos por interrupciones prolongadas, incluyendo una denuncia presentada en el Senado en julio de 2025 sobre apagones de entre 10 y 15 horas en Pedernales y compromisos anunciados para solucionar la situación.
Mariotti adelantó además que el PLD contempla solicitar la comparecencia del ministro de Energía y Minas, Joel Santos, para que explique ante el Congreso la situación del sector. El diputado sostuvo que el Poder Legislativo debe ejercer su función de fiscalización. Las interpelaciones constituyen requerimientos formales mediante los cuales los funcionarios deben responder ante los legisladores sobre aspectos de su gestión y, conforme a las reglas constitucionales y congresuales citadas por el medio, la determinación de irregularidades puede generar consecuencias políticas, incluida la destitución.
