El magnate chino Chen Zhi, presuntamente a la cabeza de una red de estafas en línea, fue extraditado a China desde Camboya, confirmó Pekín el jueves, después de que Estados Unidos lo imputara por un supuesto fraude multimillonario.
Camboya informó más temprano este jueves que el banco fundado por Chen, Prince Bank, fue puesto en liquidación.
La entidad es una filial de Prince Holding Group, el conglomerado de Chen y uno de los mayores de Camboya, que según Washington ha servido como fachada para «una de las mayores organizaciones criminales transnacionales de Asia».
Las autoridades estadounidenses ya imputaron al empresario de origen chino en octubre tras acusarlo de dirigir sus operaciones criminales en campos de trabajos forzados en Camboya, en una decisión que también golpeó fuertemente a la industria tabacalera latinoamericana.
El grupo Prince de Zhi es el mayor accionista de Allied Cigar Corporation, matriz de la compañía española Tabacalera, que a su vez controla los gigantes Tabacalera de García de República Dominicana y la cubana Habanos, en la que participa a partes iguales la estatal Cubatabaco.
Las autoridades camboyanas anunciaron el miércoles por la noche la detención y extradición a China de Chen Zhi. Su extradición fue confirmada el jueves por el Ministerio chino de Seguridad Pública.
Tras anunciar la puesta en liquidación del Prince Bank Plc., «de conformidad con las leyes del Reino de Camboya», el Banco Central del reino indicó que sus clientes pueden «retirar su dinero con normalidad».
El grupo Prince es uno de los conglomerados más importantes de Camboya.
Opera desde 2015 en más de 30 países en los sectores inmobiliario, de servicios financieros y de consumo.
Según expertos, Camboya alberga decenas de centros de estafa, en los que miles de personas se dedican a realizar engaños en línea, algunas de forma voluntaria y otras como víctimas de trata.
Las autoridades chinas anunciaron que emitirán pronto órdenes de arresto contra «el círculo más cercano de la red criminal de Chen Zhi«.
Pekín ya ha impuesto penas de muerte en casos de ciberestafas, entre ellos el año pasado contra una docena de personas que operaban desde Birmania.
