Múltiples sectores continúan expresando su rechazo a la sentencia del Tribunal Superior Administrativo (TSA), Num. 0030-1643-2025-SSEN-00786, que ordena modificar los límites del Parque Nacional Jaragua.
Uno de los últimos en expresarse fue el exministro de Medio Ambiente, Francisco Domínguez Brito, manifestó que la decisión representa un grave riesgo para la protección del patrimonio ambiental dominicano.
El mismo calificó el fallo como una sentencia temeraria que podría validar antiguas pretensiones de apropiación irregular de terrenos dentro de áreas protegidas, debilitando la integridad del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP) y generando un precedente que expone ecosistemas estratégicos a presiones económicas y particulares.
Por igual recordó que las áreas protegidas han sido creadas mediante leyes sustentadas en estudios científicos y compromisos internacionales asumidos por el Estado dominicano, por lo que advirtió que permitir que omisiones administrativas o cartográficas prevalezcan sobre estas disposiciones legales constituye una peligrosa distorsión del principio de legalidad ambiental y del mandato constitucional de preservar el patrimonio natural.
Asimismo, sostuvo que la decisión podría incentivar una judicialización masiva del sistema de áreas protegidas, generando incertidumbre jurídica y debilitando décadas de avances en conservación ambiental, al tiempo que reiteró que el desarrollo económico y turístico del país debe realizarse bajo criterios de sostenibilidad y respeto al derecho colectivo a un medio ambiente sano.
“Las áreas protegidas no son negociables; constituyen una responsabilidad constitucional y moral que debemos preservar para las generaciones presentes y futuras”, sostuvo.
El exsenador afirmó que el Estado debe actuar con firmeza frente a cualquier intento de privatización o fragmentación de territorios protegidos, señalando que históricamente han existido maniobras para distorsionar la realidad jurídica de estos espacios con el propósito de favorecer intereses particulares.
Por otro lado, la Coalición para la Defensa de las Áreas Protegidas expresó su “profunda preocupación” ante la sentencia ya que “afectaría gravemente” al Parque Nacional Jaragua.
“Más allá del fallo jurídico, debemos alertar que esta decisión corre el riesgo de validar históricas pretensiones dirigidas a la apropiación irregular de terrenos en zonas de conservación estricta. Nos enfrentamos a lo que constituye un entramado sistémico que, a lo largo del tiempo, ha logrado articular a sectores políticos, empresariales y particulares en maniobras orientadas a distorsionar la realidad documental de estos territorios. Esta persistencia representa hoy la principal amenaza para la integridad del Sistema Nacional de Áreas Protegidas y requiere ser frenada con contundencia para evitar la enajenación del patrimonio público”, reseña el comunicado enviado por la coalición.
La Coalición advierte que la decisión judicial, tal como ha sido dictada, plantea serios riesgos para la integridad del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP) y para el cumplimiento de los compromisos constitucionales y ambientales asumidos por el Estado dominicano.
De confirmarse este criterio, se estaría estableciendo un precedente según el cual omisiones administrativas de carácter técnico o cartográfico podrían prevalecer sobre áreas protegidas creadas por ley, debilitando el principio de legalidad ambiental y el mandato constitucional de protección del patrimonio natural de la Nación.
“La protección de las áreas protegidas no puede depender del grado de actualización de un mapa o de un registro administrativo. Las áreas protegidas existen porque han sido creadas por ley y porque cumplen una función ambiental, social esencial para la sostenibilidad”, señala la Coalición.
Asimismo, la Coalición advierte que esta interpretación temeraria de los jueces del TSA podría abrir la puerta a una judicialización masiva del SINAP, generando incertidumbre jurídica, presión sobre ecosistemas frágiles y una regresión ambiental incompatible con los principios consagrados en la Constitución de la República y varios acuerdos internacionales del que el país es signatario, en especial el derecho colectivo a un medio ambiente sano.
Las organizaciones que integran la Coalición reiteran que el desarrollo económico y turístico debe ser compatible con la conservación ambiental y que cualquier revisión del régimen de áreas protegidas debe realizarse por la vía legislativa, con base científica, participación pública y pleno respeto de la Constitución y los compromisos internacionales del país.
