Santo Domingo.– El diputado Charlie Mariotti Jr. sometió este lunes ante el Congreso Nacional dos proyectos de ley orientados a garantizar que la implementación del nuevo Código Penal se realice en armonía con la Constitución y con la protección de los derechos fundamentales, especialmente la libertad de expresión.
La primera iniciativa propone modificar los artículos 208, 310 y 315 de la Ley núm. 74-25, Código Penal de la República Dominicana, en respuesta a los planteamientos realizados por diversos sectores de la sociedad civil, representantes del periodismo, la academia y otros gremios, que han manifestado preocupación por el impacto de algunas disposiciones sobre el ejercicio de la libertad de expresión y de prensa.
El proyecto incorpora un principio de interpretación restrictiva en favor de la libertad de expresión y plantea importantes cambios en tres figuras penales.
En el caso de la difamación (artículo 208), establece que solo podrá sancionarse cuando el hecho imputado sea falso, incorpora protección para la crítica y el periodismo de interés público bajo un estándar similar al de la «real malicia» y elimina la pena de prisión, dejando únicamente la sanción de multa.
Respecto al ultraje a la autoridad (artículo 310), la propuesta limita el delito a amenazas graves o actos de intimidación contra funcionarios públicos, excluyendo expresamente la crítica, la protesta pacífica y el ejercicio periodístico.
Mientras que el artículo 315, relativo al desacato, se circunscribe a amenazas, actos de violencia o incumplimiento deliberado de mandatos judiciales o legislativos, dejando fuera de su alcance la sátira, la opinión política y la denuncia ciudadana.
De acuerdo con la iniciativa, estas modificaciones buscan adecuar el Código Penal a los principios constitucionales de legalidad, taxatividad, proporcionalidad e intervención mínima del derecho penal.
Como segunda propuesta, Mariotti Jr. sometió un proyecto de ley que modifica el artículo 393 del Código Penal para ampliar por seis meses adicionales la vacatio legis de la Ley núm. 74-25, en caso de que la reforma sobre libertad de expresión no sea aprobada antes de la entrada en vigencia de la normativa.
La iniciativa plantea que este período adicional permitirá introducir los ajustes constitucionales pendientes y facilitar la preparación institucional del Poder Judicial, el Ministerio Público, la Defensa Pública y los demás actores del sistema de justicia para la correcta aplicación del nuevo Código Penal.
Según explicó el legislador, ambas propuestas responden a un mismo propósito: garantizar que la reforma penal entre en vigor respetando la Constitución, fortaleciendo la seguridad jurídica y asegurando la protección efectiva de los derechos fundamentales de todos los ciudadanos.
