La Cámara de Diputados aprobó, en una sesión extraordinaria y en dos discusiones consecutivas, el proyecto de ley que modifica la Ley 225-20, General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos. Como la iniciativa fue aprobada con modificaciones respecto al texto previamente sancionado, deberá regresar al Senado de la República para continuar el proceso legislativo.
El proyecto establece que las personas jurídicas, entidades gubernamentales, patrimonios autónomos y cualquier otra entidad que reporte anualmente sus ingresos a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) deberán realizar una contribución especial obligatoria calculada en función de sus ingresos. El objetivo es crear un fondo destinado a mitigar los efectos negativos de la disposición actual de los residuos sólidos y fortalecer un sistema integral para su gestión.
La normativa dispone que esta contribución especial será determinada conforme a los ingresos correspondientes al ejercicio fiscal de cada contribuyente. Con estos recursos se busca respaldar las políticas de manejo, tratamiento y disposición de residuos en el país.
Tras la aprobación en la Cámara de Diputados, el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) reiteró su preocupación por el procedimiento utilizado para conocer la reforma. La organización sostuvo que un proyecto de esta magnitud requiere un proceso legislativo con mayores espacios para el análisis técnico y la deliberación, en lugar de una aprobación acelerada.
Además, el CONEP expresó inquietud por el impacto económico que, a su juicio, tendría la iniciativa sobre las empresas que ya enfrentaron un aumento en la tasa del Impuesto sobre la Renta y que también asumen los costos de la disposición final de los residuos que generan. La entidad llamó al Congreso Nacional a privilegiar el diálogo, la evidencia técnica, la sostenibilidad ambiental y la seguridad jurídica durante el proceso de aprobación de la reforma.
