La Fiscalía General del Estado de Veracruz confirmó este viernes el trágico desenlace de la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez, quien permanecía desaparecida desde el pasado 2 de junio. Tras el hallazgo e identificación de unos restos humanos, los análisis forenses determinaron que correspondían a la reportera, quien fue asesinada por el grupo criminal que la mantuvo en cautiverio.
Guzmán Ramírez había sido secuestrada violentamente durante la madrugada del 2 de junio en su vivienda de Nanchital, una localidad de aproximadamente 30,000 habitantes en el sur de la entidad. Antes de ser raptada, la propia periodista logró grabar un estremecedor video que evidenció el momento en que los agresores derribaron la puerta de su casa con un mazo y entraron por la fuerza portando armas largas.
Por este «homicidio doloso calificado», las autoridades lograron la captura de ocho presuntos integrantes de la red criminal. Entre los detenidos se encuentran tanto los autores materiales como servidores públicos que colaboraban con la organización delictiva:
- Los autores materiales: Las investigaciones señalan a Javier Iván ‘N’, alias ‘Delta 1’; José del Carmen ‘N’, alias ‘Delta 7’; y Luis Arturo ‘N’, alias ‘Delta 11’ o ‘El Pelón’, como los sujetos que irrumpieron en el domicilio y privaron de la libertad a la periodista, asesinándola posteriormente en complicidad con una mujer identificada como Karen Monserrat ‘N’, alias ‘La Hiena’.
- La red de protección policial: Los otros cuatro detenidos son elementos activos de la Policía Municipal de Ixhuatlán del Sureste, identificados como Julio César ‘N’, Luis Enrique ‘N’, Juan Carlos ‘N’ e Ismael ‘N’. Presuntamente, estos uniformados utilizaban sus cargos para proveer recursos, alimentos y apoyo logístico en las operaciones del grupo criminal.
El caso ha causado una profunda indignación en el gremio periodístico y en la sociedad mexicana, volviendo a poner sobre la mesa la grave crisis de seguridad que enfrentan los comunicadores en el país y los alarmantes nexos entre la delincuencia organizada y los cuerpos policiales locales. La Fiscalía General del Estado aseguró que mantendrá el proceso penal para garantizar que se aplique todo el peso de la ley sobre los ocho imputados.
