Las amnistías fiscales implementadas por el Gobierno dominicano durante los últimos cinco años y medio han mostrado una disminución progresiva en su impacto recaudatorio, según datos de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII). En ese período, la administración tributaria ha recurrido a tres leyes para facilitar el pago de deudas fiscales, la más reciente incluida en la Ley 30-26 de medidas Pro Crecimiento Económico, Simplificación Fiscal y Mitigación de la Crisis Internacional.
Entre 2020 y 2024, las leyes de amnistía permitieron recaudar RD$37,755.8 millones. La Ley 46-20 sobre Transparencia y Revalorización Patrimonial fue la de mayor rendimiento, al generar ingresos por RD$29,591.5 millones gracias a la participación de 43,955 contribuyentes entre marzo de 2020 y noviembre de 2021.
Posteriormente, la Ley 51-23, promulgada en agosto de 2023 para establecer un tratamiento especial de fiscalización, gestión y recuperación de deudas tributarias, registró una menor respuesta. Entre agosto de 2023 y septiembre de 2024, un total de 15,524 contribuyentes se acogieron a la medida, aportando RD$8,164.3 millones al fisco.
En conjunto, ambas iniciativas beneficiaron a 59,479 contribuyentes, aunque las cifras reflejan una reducción tanto en el número de participantes como en los recursos obtenidos por el Estado. La nueva facilidad de pago contemplada en la Ley 30-26 surge casi tres años después de la anterior amnistía y busca nuevamente incentivar la regularización de obligaciones tributarias.
La nueva legislación forma parte del paquete de medidas fiscales con las que el Gobierno proyecta recaudar entre RD$40,000 millones y RD$50,000 millones. Ese objetivo contempla no solo la nueva amnistía tributaria, sino también el incremento y ajuste de diversas tasas impositivas como parte del plan de fortalecimiento de los ingresos públicos.
