Santo Domingo.– La muerte del joven Darlin Enmanuel Mercado Reyes, ocurrida durante un operativo policial en el sector La Cañada de Guajimía, en Herrera, continúa generando reacciones en distintos sectores del país. Este lunes, el diputado Carlos De Pérez solicitó que el agente de la Policía Nacional involucrado en el hecho sea condenado a 20 años de prisión, al considerar que el caso corresponde a un homicidio voluntario y no a una actuación amparada por la legítima defensa o el uso proporcional de la fuerza.
El legislador sostuvo que las imágenes captadas por testigos y difundidas ampliamente en redes sociales muestran una actuación que, a su juicio, carece de justificación legal.
«La pena debe ser de 20 años porque es un homicidio voluntario; eso no entra en el renglón de defensa propia ni uso involuntario de la fuerza. Cuando vemos las imágenes nos damos cuenta de que ese disparo fue realizado sin ningún tipo de contemplación», expresó De Pérez.
Exige que el caso no quede impune
Además de solicitar una sanción ejemplar, el congresista pidió que el Ministerio Público conduzca las investigaciones con total independencia y transparencia, al entender que la confianza ciudadana dependerá del manejo que reciban las pesquisas.
«Hay que exigir una investigación independiente, que la ciudadanía se mantenga atenta y que exija todo el peso de la ley, no solo en este caso que se hizo viral, sino en todos los casos», manifestó el diputado.
Sus declaraciones se producen mientras el caso continúa bajo investigación y aumenta la presión pública para que las autoridades determinen las responsabilidades penales derivadas del hecho.
El caso que conmocionó a Herrera
Darlin Enmanuel Mercado Reyes, de 19 años, murió el pasado 3 de julio tras recibir un disparo durante una intervención policial en la cañada de Guajimía, en el municipio Santo Domingo Oeste.
De acuerdo con los testimonios ofrecidos por sus familiares, el joven no era la persona que conducía la motocicleta detenida por los agentes. Según su versión, se acercó únicamente para preguntar por qué el vehículo sería retenido cuando recibió el disparo.
Videos grabados por personas presentes muestran un forcejeo entre varios policías y otro joven, mientras Mercado Reyes se aproxima a la escena segundos antes de que el agente accione su arma de reglamento. Las imágenes se viralizaron rápidamente y provocaron una fuerte indignación en la opinión pública.
Policía entrega al agente al Ministerio Público
Tras conocerse el hecho, la Policía Nacional informó que puso a disposición del Ministerio Público al cabo José Francisco Moreta Heredia, señalado como el agente que realizó el disparo mortal, con el propósito de que se desarrollen las investigaciones correspondientes y se determine su eventual responsabilidad penal.
La institución aseguró que colaborará con el proceso judicial y reiteró que cualquier actuación contraria a la ley será sometida a las consecuencias establecidas por el ordenamiento jurídico.
Crece la presión por justicia
La muerte de Darlin Mercado desató protestas en Herrera durante el fin de semana. Residentes incendiaron neumáticos y bloquearon varias vías en demanda de justicia, mientras familiares describieron al joven como un trabajador sin antecedentes de violencia y reclamaron que el caso no quede impune.
El hecho también ha provocado pronunciamientos de diversos sectores políticos y sociales. Dirigentes de oposición han pedido investigaciones independientes y han cuestionado la actuación policial, mientras organizaciones defensoras de derechos humanos mantienen seguimiento al proceso.
Investigación en curso
Hasta el momento, las autoridades continúan recopilando evidencias, analizando los videos del incidente y entrevistando a los testigos para establecer las circunstancias en que ocurrió el disparo.
El caso se ha convertido en una nueva prueba para las instituciones encargadas de la investigación penal y para el proceso de transformación de la Policía Nacional, en medio de un creciente reclamo ciudadano para que cualquier uso excesivo de la fuerza sea investigado con rigor y sancionado conforme a la ley, garantizando tanto el debido proceso como el acceso a la justicia para la familia de la víctima.
