El presidente Luis Abinader promulgó la Ley 36-26, que modifica el régimen de contribuciones establecido en la legislación sobre residuos sólidos y redefine los montos que deberán pagar las empresas según sus ingresos brutos anuales. La normativa entró en vigencia tras su promulgación y sustituye la ley aprobada en diciembre de 2025.
La nueva legislación amplía el primer tramo de contribución y dispone que las empresas con ingresos brutos entre cero y cinco millones de pesos pagarán RD$5,000 anuales, en lugar de los RD$3,000 que aplicaban anteriormente para compañías con ingresos de hasta un millón de pesos. Las empresas con ingresos entre cinco y diez millones mantendrán un aporte de RD$6,000, mientras que las que facturen entre 10 y 25 millones pasarán de pagar RD$20,000 a RD$25,000.
Para las empresas de mayores ingresos también se introducen cambios en la escala de pagos. Las compañías con ingresos entre 25 y 50 millones de pesos aportarán RD$90,000, frente a los RD$155,000 establecidos anteriormente, mientras que aquellas con ingresos entre 50 y 80 millones pagarán RD$120,000 en lugar de RD$260,000. En el caso de las empresas con ingresos superiores a RD$100 millones, la ley elimina la tarifa única de RD$675,000 y establece una escala progresiva de contribuciones que oscila entre RD$400,000 y RD$2.2 millones, dependiendo del nivel de ingresos.
La reforma generó cuestionamientos por parte de organizaciones empresariales antes de su promulgación. La Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana (AmchamDR), el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) y la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (Asonahores) solicitaron una discusión más amplia y sustentada en criterios técnicos, además de expresar preocupaciones sobre el destino de los recursos, la transparencia en su administración y la ausencia de consultas con los sectores involucrados.
La normativa también fue objeto de críticas por el procedimiento legislativo utilizado para su aprobación. El proyecto, sometido por el senador Antonio Marte, fue conocido bajo trámite de urgencia y aprobado por ambas cámaras del Congreso en un período de cinco días y sin estudios previos en comisión, lo que motivó cuestionamientos sobre la rapidez con que fue convertido en ley.
