Miami, Estados Unidos.– Más de 350,000 ciudadanos haitianos perdieron el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés), luego de que expirara la protección migratoria que les permitía permanecer y trabajar legalmente en Estados Unidos. La medida se produce tras decisiones judiciales que permitieron a la Administración del presidente Donald Trump poner fin al programa para este grupo de beneficiarios.
De acuerdo con reportes divulgados por medios estadounidenses y citados por legisladores, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) prepara operativos de deportación que comenzarían en el estado de Ohio, donde residen aproximadamente 14,000 haitianos acogidos al TPS. Sin embargo, la mayor preocupación se concentra en Florida, donde vive cerca de la mitad de la población afectada, estimada en 158,000 personas, según datos de la organización FWD.us.
El congresista republicano por Ohio, Michael Rulli, respaldó públicamente los reportes sobre el inicio de los operativos y afirmó que las autoridades comenzarán a retirar a los ciudadanos haitianos de ese estado. Por su parte, la congresista demócrata Debbie Wasserman Schultz, representante de un distrito de Florida, denunció que el DHS tendría previsto detener a cerca de 2,000 haitianos por día como parte de las acciones de deportación.
Según FWD.us, la posible deportación masiva tendría un impacto significativo en sectores como hospitales, hogares de cuidado, restaurantes y hoteles, donde trabajan cerca de 200,000 haitianos. La organización estima además que esta comunidad aporta alrededor de 5,900 millones de dólares anuales a la economía estadounidense, de los cuales 1,500 millones corresponden al área de Miami.
El Departamento de Seguridad Nacional ha sostenido que las condiciones en Haití han mejorado lo suficiente desde el terremoto de 2010, razón por la cual considera que el TPS ya no es necesario para ese grupo de nacionales. No obstante, organizaciones defensoras de inmigrantes y activistas sostienen que Haití continúa atravesando una profunda crisis política, humanitaria y de seguridad, marcada por la violencia de las pandillas y la inestabilidad institucional.
Asimismo, organizaciones civiles advierten que la pérdida del TPS también afectaría a unas 50,000 familias con hijos ciudadanos estadounidenses, quienes podrían quedar separados de uno o ambos padres en caso de concretarse las deportaciones.
