Santo Domingo.– El Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional conocerá este jueves la revisión obligatoria de la medida de coerción impuesta al exdirector del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), Santiago Marcelo Hazim Albainy, y a otros imputados vinculados al denominado caso Cobra, proceso en el que el Ministerio Público investiga un presunto entramado de corrupción que habría ocasionado un perjuicio superior a RD$15,000 millones al Estado.
La audiencia forma parte del procedimiento establecido en el Código Procesal Penal, que dispone la revisión periódica de las medidas privativas de libertad para determinar si se mantienen las circunstancias que justificaron su imposición o si corresponde modificarlas.
Medidas fueron ratificadas en la revisión anterior
La revisión de este jueves ocurre tres meses después de que el juez Deiby Timoteo Peguero decidiera mantener la prisión preventiva contra Hazim y otros seis imputados, al considerar que la medida seguía siendo idónea, necesaria y proporcional para garantizar el desarrollo del proceso penal.
En esa ocasión, el tribunal fijó precisamente el 30 de julio de 2026 como fecha para la siguiente revisión obligatoria.
Quiénes figuran en el expediente
Además de Santiago Marcelo Hazim Albainy, el expediente del Ministerio Público incluye a Rafael Luis Martínez Hazim, Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención, Ramón Alan Speakler Mateo, Ada Ledesma Ubiera y Heidi Mariela Pineda Perdomo.
El órgano acusador sostiene que los imputados integraban una estructura que operaba desde el SeNaSa en presunta asociación con funcionarios y prestadores de servicios de salud para ejecutar un esquema de corrupción en perjuicio del patrimonio público.
Operación Cobra
El caso fue judicializado por el Ministerio Público mediante la Operación Cobra, desarrollada a finales de 2025, tras una investigación sobre presuntas irregularidades administrativas y financieras en la Administradora de Riesgos de Salud estatal.
Los imputados enfrentan acusaciones por presunta coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, soborno, estafa contra el Estado, desfalco, falsificación de documentos, uso de documentos falsos y lavado de activos, cargos que han rechazado.
Una imputada obtuvo variación de medida
Días antes de la revisión obligatoria, el mismo tribunal acogió una solicitud de la defensa de Ada Ledesma Ubiera y sustituyó la prisión preventiva que cumplía por arresto domiciliario, además de imponerle impedimento de salida del país, presentación periódica, una garantía económica de RD$20 millones y el uso de un grillete electrónico.
Debido a esa decisión, la situación procesal de Ledesma podría no formar parte de la revisión obligatoria prevista para este jueves en las mismas condiciones que el resto de los imputados que permanecen en prisión preventiva.
¿Qué decidirá el tribunal?
Durante la audiencia, el juez evaluará si las medidas de coerción impuestas a los procesados deben mantenerse, modificarse o ser sustituidas, conforme a la evolución del proceso y a los presupuestos establecidos en la legislación procesal penal.
La revisión no implica un pronunciamiento sobre la culpabilidad o inocencia de los imputados, sino un examen de la necesidad y proporcionalidad de las medidas cautelares mientras continúan las investigaciones y el proceso judicial.
