SANTO DOMINGO — Las publicaciones, videos y comentarios difamatorios realizados en redes sociales y plataformas digitales ahora tienen un marco legal explícito de consecuencias jurídicas, según advirtió la magistrada Rosalba Ramos durante su participación en el programa 55 Minutos.
Durante su cápsula formativa, la magistrada explicó que la legislación vigente reconoce la realidad del entorno digital y define la difamación como la imputación pública de un hecho preciso y concreto contra una persona física o jurídica que afecte su honor, dignidad, imagen, buen nombre, consideración o integridad familiar.
Ramos enfatizó que esta conducta delictiva ya no se limita a los medios tradicionales de comunicación, ya que el nuevo Código Penal incorpora expresamente para su comisión a las plataformas digitales, las redes sociales como Facebook, Instagram, TikTok y YouTube, los servicios de streaming, los medios electrónicos y el ciberespacio en general.
La funcionaria indicó que la inclusión de estos canales responde al alcance masivo y permanente de las publicaciones en internet, factores que potencian significativamente el impacto negativo de una acusación falsa sobre la reputación de un individuo.
Uno de los aspectos destacados por la procuradora es la tipificación de la difamación extorsiva, modalidad que se configura cuando una imputación pública es utilizada con el propósito de obtener dinero o beneficios personales, o bien para obligar a la víctima a realizar, dejar de realizar o tolerar una determinada conducta en su perjuicio.
Aclaró que no toda crítica, opinión o desacuerdo constituye difamación, por lo que cada caso debe analizarse de manera individual para determinar si se configuran los elementos del tipo penal.
En este contexto, recordó que si bien la libertad de expresión es un derecho fundamental, este convive con otros derechos igualmente protegidos, tales como el honor, la dignidad, la imagen y la reputación.
Ante este escenario, la magistrada hizo un llamado a la prudencia y la responsabilidad ciudadana, exhortando a las personas a verificar la veracidad de la información antes de emitirla, publicarla o compartirla en el entorno digital, recordando que los actos en la red conllevan responsabilidades legales directas.
