El Estado dominicano deberá pagar RD$340.7 millones adicionales a los herederos de una antigua propietaria de terrenos que actualmente forman parte del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte. La decisión pone fin a un litigio relacionado con una expropiación realizada hace más de seis décadas para desarrollar el entonces Parque Central Metropolitano.
El caso se originó en 1964, cuando mediante un decreto del gobierno encabezado por Donald Reid Cabral se declaró de utilidad pública una parcela de 15,472.87 metros cuadrados propiedad de Nelly Elidia Pellerano de Ricart. Los terrenos fueron destinados al proyecto que posteriormente daría paso al principal complejo deportivo del país.
Aunque en 1993 el Estado suscribió un acuerdo de permuta con la propietaria, entregándole un apartamento como parte de la compensación, quedó pendiente una diferencia económica que sería pagada cuando existieran recursos presupuestarios. Sin embargo, ese monto nunca fue desembolsado, lo que llevó a los herederos a acudir a los tribunales en 2021 para reclamar el pago correspondiente.
Tras analizar las pruebas presentadas, el Tribunal Superior Administrativo fijó en 2022 una indemnización de RD$340,736,293.72. La Dirección General de Bienes Nacionales intentó revertir la decisión alegando irregularidades en la valoración de los terrenos, pero los recursos judiciales posteriores no prosperaron.
Finalmente, el Tribunal Constitucional de la República Dominicana rechazó la revisión solicitada por Bienes Nacionales y dejó firme la condena económica. La decisión agota la vía constitucional y obliga al Estado a cumplir con el pago por los terrenos expropiados para la construcción del complejo deportivo.
