El exprocurador dijo que estuvo cuatro años privado de libertad y cuestionó los costos de sus traslados y las restricciones impuestas durante el proceso. Sus declaraciones se producen mientras el juicio por el caso Medusa continúa en los tribunales.
Santo Domingo. — El exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, cuestionó la duración del proceso penal que enfrenta por el denominado caso Medusa y afirmó que los años transcurridos bajo medidas restrictivas han tenido consecuencias económicas, profesionales y familiares que, según sostuvo, trascienden su situación personal.
Durante una entrevista en el programa Sol de la Mañana, Rodríguez relató que permaneció aproximadamente cuatro años privado de libertad, primero bajo prisión preventiva y posteriormente bajo arresto domiciliario, al tiempo que insistió en su derecho a la presunción de inocencia.
“Yo estuve cuatro años privado de libertad, con una presunción de inocencia, cuatro años con un supuesto peligro de fuga”, afirmó el exfuncionario.
Rodríguez explicó que pasó cerca de dos años en un recinto penitenciario y otros dos bajo arresto domiciliario, situación que, según dijo, implicó numerosos traslados para asistir a audiencias y cumplir diligencias vinculadas con el proceso.
Cuestiona costo de los traslados
Uno de los aspectos centrales de sus declaraciones fue el costo que, a su juicio, representaron para el Estado los desplazamientos realizados durante esos años.
El exprocurador aseguró que fue trasladado más de 600 veces y sostuvo que cada desplazamiento implicaba la utilización de un vehículo, un conductor y personal de seguridad.
“Con un costo al bolsillo de todos los dominicanos”, afirmó Rodríguez, quien estimó que la cantidad de viajes aumentó considerablemente al contabilizar las comparecencias ante los tribunales y otros traslados relacionados con el proceso.
De acuerdo con su propio cálculo, las aproximadamente 150 audiencias a las que habría asistido habrían representado unos 300 desplazamientos de ida y vuelta, mientras que las comparecencias periódicas a oficinas y otras diligencias elevarían el número total por encima de 700.
Estas cifras corresponden al cálculo expuesto por el propio Rodríguez durante la entrevista y no fueron verificadas de manera independiente.
Afirma haber sufrido consecuencias económicas y profesionales
Rodríguez también aseguró que durante el proceso permanecieron congelados bienes y cuentas que, según sostuvo, habían sido adquiridos entre 20 y 30 años antes de que comenzara la investigación.
Asimismo, afirmó que algunos de sus antiguos clientes habrían recibido advertencias para no contratar sus servicios.
“Los llamaban y le decían: usted no puede trabajar con Jean Alain porque si le paga un peso lo investigo por lavado de activos”, relató.
Se trata igualmente de una afirmación del exprocurador que no debe interpretarse como un hecho judicialmente establecido sin documentación o confirmación independiente.
Habla del impacto en sus hijos
El exfuncionario llevó parte de sus declaraciones al ámbito familiar y dijo que el proceso ha transcurrido durante una etapa importante de crecimiento de sus hijos.
Recordó que cuando comenzó el proceso tenía 45 años y que actualmente tiene 51.
“Mis hijos tenían 10 y 11 años. Hoy tienen 16 y 17. Yo perdí la adolescencia”, expresó.
Rodríguez sostuvo que una eventual prolongación del proceso durante varios años más podría llevarlo a concluir el caso cerca de los 60 años, mientras sus hijos ya serían adultos.
Su argumento se vincula directamente con uno de los principales reclamos planteados actualmente por su defensa: que el proceso penal habría superado el plazo máximo previsto por la legislación procesal.
La defensa pidió la extinción del proceso
La discusión sobre la duración del caso no es nueva. En julio de 2026, la defensa de Rodríguez solicitó al Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional declarar extinguida la acción penal, alegando que el proceso había superado el plazo máximo de cuatro años contemplado en el artículo 150 del Código Procesal Penal.
El tribunal, sin embargo, rechazó la solicitud de extinción y dispuso que el proceso continuara con el conocimiento del fondo.
La decisión significa que, hasta el momento, el caso no ha sido cerrado por vencimiento del plazo y que la controversia sobre la duración del proceso continúa formando parte de la estrategia de la defensa.
Un proceso que se extiende por años
Jean Alain Rodríguez fue enviado a prisión preventiva en julio de 2021 y posteriormente pasó a cumplir arresto domiciliario. En mayo de 2025, el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional levantó el arresto domiciliario y retiró el grillete electrónico, aunque mantuvo otras medidas, entre ellas una garantía económica de RD$30 millones y el impedimento de salida del país.
En esa ocasión, Rodríguez también sostuvo que había pasado casi cuatro años bajo restricciones de libertad y afirmó que no debió permanecer en prisión.
El Ministerio Público, por su parte, acusa al exprocurador y a otros procesados de delitos vinculados a presunta corrupción administrativa durante su gestión al frente de la Procuraduría General de la República entre 2016 y 2020. La acusación contempla, entre otros aspectos, alegadas irregularidades en contrataciones y un supuesto perjuicio económico al Estado que supera los RD$6,000 millones, según las autoridades.
Rodríguez niega las acusaciones y sostiene que demostrará su inocencia.
El juicio aún no concluye
La situación procesal actual es particularmente relevante para entender las declaraciones del exprocurador. Aunque la defensa ha cuestionado reiteradamente la duración del expediente y ha solicitado su extinción, los tribunales han rechazado hasta ahora esos planteamientos.
En consecuencia, Jean Alain Rodríguez continúa siendo un imputado y el proceso penal permanece abierto. No existe una sentencia definitiva que determine su culpabilidad o inocencia.
Sus recientes declaraciones vuelven a colocar en el centro del debate la duración de los procesos penales, el uso de la prisión preventiva y las consecuencias que las medidas cautelares prolongadas pueden tener sobre las personas sometidas a investigación, un debate que trasciende el caso particular y alcanza al funcionamiento del sistema de justicia dominicano.
