El abogado penalista Pedro Manuel Casals cuestionó que se contemplen penas de prisión para personas que incurran en delitos relacionados con la opinión, al considerar que este tipo de sanciones podría resultar desproporcionado frente a la naturaleza de la conducta. Su planteamiento fue expuesto durante su participación en el espacio “RD Debate: Código Penal”.
Casals sostuvo que el principio de proporcionalidad debe ser tomado en cuenta al establecer las consecuencias jurídicas de una conducta, especialmente cuando se trata de expresiones que puedan afectar el honor de una persona. Para explicar su posición, comparó la respuesta que debería tener una expresión ofensiva con las sanciones aplicables a conductas de mayor gravedad.
El jurista también abordó el conflicto entre la protección del honor individual y el interés público. En ese contexto, planteó que cuando se divulgan hechos relacionados con posibles actos de corrupción debe analizarse cuál es el interés público involucrado y qué derechos están en conflicto. A su juicio, el debate debe considerar si la afectación al honor debe tener mayor peso que la divulgación de informaciones sobre situaciones que puedan perjudicar a la sociedad.
Durante su intervención, Casals advirtió sobre el riesgo de equiparar las sanciones correspondientes a una opinión con las de delitos de extrema gravedad. Señaló que no considera razonable que una persona que emita una expresión ofensiva pueda enfrentar una pena de prisión comparable con la de alguien condenado por quitarle la vida a otra persona. “Yo no puedo pedir que vaya a la prisión con un asesino que asesinó a otra persona en igualdad de condiciones”, afirmó.
El abogado también cuestionó el uso de la cárcel como respuesta automática frente a expresiones ofensivas y señaló que existen otras vías para reparar posibles daños. Recordó que él mismo ha sido objeto de expresiones ofensivas y sostuvo que esa experiencia no constituye un motivo para reclamar prisión contra quienes incurran en conductas similares. Asimismo, indicó que el ordenamiento jurídico contempla mecanismos para enfrentar delitos como la extorsión y el chantaje, por lo que llamó a diferenciar esas acciones de la protección del honor y la libertad de opinión dentro del debate sobre el Código Penal.
