SANTO DOMINGO. – La doctora Griselda Altagracia Basora Ramírez, figura clave en la reciente investigación del Ministerio Público dentro de la Operación Cobra 2.0-A por un presunto fraude millonario al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), es también la propietaria de la Clínica de Obesidad y Antienvejecimiento Dra. Griselda Basora, establecimiento donde falleció la joven Rebeca Brizard, de 28 años, tras someterse a una liposucción.
El centro médico, ubicado en el sector Alma Rosa I de Santo Domingo Este, operaba bajo la apariencia de un local de tratamientos estéticos y masajes, aunque albergaba un área quirúrgica donde se le practicó la intervención a Brizard. Según reportó el Ministerio de Salud Pública, el procedimiento fue presuntamente realizado por Emanuel Hernández, quien se desempeñaba anteriormente como barbero y profesional de la estética, pero sin contar con la titulación académica ni la acreditación legal exigidas para cirugías de esta envergadura.
Doble foco judicial: tragedia médica y presunto fraude masivo
La relevancia del caso aumenta al coincidir con la inclusión de la doctora Basora entre los investigados de la Operación Cobra 2.0-A. Esta línea de acción del Ministerio Público persigue a una red acusada de defraudar miles de millones de pesos a la ARS pública mediante la falsificación de autorizaciones y servicios médicos no prestados.
Los operativos de la investigación abarcaron 37 allanamientos en el Distrito Nacional, Santo Domingo, Santiago, Cotuí y La Vega, dejando un saldo de 28 personas arrestadas entre médicos, excolaboradores de SeNaSa y relacionados con el sector sanitario.
Ante las acciones de las autoridades, el abogado defensora de Basora tachó las intervenciones de «abuso», defendiendo que su representada cuenta con cerca de 45 años de trayectoria profesional en la medicina y cuestionando el arresto de los galenos implicados.
Para este lunes, a las 2:00 de la tarde, la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional tiene previsto conocer la solicitud de medida de coerción elevada por el órgano persecutor, que incluye la petición de 18 meses de prisión preventiva para 25 de los imputados en esta fase. Paralelamente, las autoridades mantienen abiertas las indagatorias para esclarecer las circunstancias que provocaron el deceso de Rebeca Brizard y establecer las responsabilidades penales correspondientes.
